Tierra y Vida, Boletín #1 Febrero de 2006

En los últimos meses del año 2005 las comunidades indígenas del norte del Cauca, orientados por el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, desarrollaron una campaña agresiva de toma de tierras, en la que su principal objetivo era exigirle al Estado el cumplimiento de una serie de acuerdos políticos acumulados desde principios de los años 80 hasta hoy y sistemáticamente incumplidos por cada gobierno de turno, pero además, la iniciativa de las comunidades indígenas buscaba poner otra vez en el escenario de debate público el asunto de la reforma agraria.

Este tema cobra especial importancia hoy que no solo se sabe que la reforma fue un sueño truncado que cada presidente de turno se empeñó en enterrar, sino que los narcotraficantes y paramilitares han venido realizando de facto y con el auspicio de los gobiernos, desde hace más de dos décadas, una gigantesca contrarreforma agraria expulsando a los campesinos, indígenas y negros de sus tierras.

La campaña de recuperación de tierras que adelantaron los indígenas el año pasado (2005) recibió el respaldo y la solidaridad de un buen número de organizaciones sociales y populares en todo el país. Sin embargo, y paradójicamente, también tuvimos la oportunidad de ver por la televisión algunas marchas de campesinos y afrodescendendientes que protestaban por las acciones de los indígenas. Después vimos otras marchas de campesinos y afrodescendientes respaldando la campaña indígena. Esto, desde luego, genera confusión en la opinión pública acerca de lo que realmente sucede en el norte del Cauca, acerca de las relaciones existentes hoy entre las comunidades indígenas, negras y campesinas en aquella región del país, que en buena medida puede ser un reflejo de lo que son o podrían llegar a ser las relaciones entre estas mismas comunidades en otras regiones de Colombia.

Las comunidades indígenas, ante las marchas campesinas que rechazaban sus acciones, han asegurado que se trata de una manipulación de los campesinos por parte de la clase terrateniente del Cauca encabezada por su gobernador Juan José Chaux Mosquera, cuya familia es una de las más grandes terratenientes de la región. Y efectivamente, en la movilización campesina tuvieron mucho que ver no solo las declaraciones del gobernador del Cauca sino las del propio Vicepresidente de la república Francisco Santos. Ante la prensa el Vicepresidente desestimó las exigencias de tierras para cultivar que hacían los indígenas y en cambio dijo que estos eran prácticamente terratenientes y que los que realmente tenían necesidad de tierra en la región eran los negros. En este mismo sentido, el gobernador Chaux Mosquera aseguraba, también ante la prensa, que los indígenas no necesitaban tierras y que los que realmente tenían déficit de tierras en el Cauca eran los campesinos. Pero el papel del gobernador y los terratenientes del Cauca no se quedó en estas declaraciones sino que, según los mismos indígenas, organizaron directamente las movilizaciones.

Esto es cierto, y, por lo demás no es extraño. Pero no debe hacernos ignorar las tensiones que efectivamente se han venido creando entre las comunidades indígenas, los negros y los campesinos a lo largo de las últimas décadas, debido a las dinámicas particulares que las distintas organizaciones asumen para luchar por sus reivindicaciones. Estas tensiones se hacen evidentes hoy en el Cauca, y, desde luego, son aprovechadas al máximo por los terratenientes, no solo del Cauca sino en todo el país.

Tal vez podríamos ubicar estas tensiones de manera más reciente en algunas estrategias políticas del movimiento indígena, que han chocado con las dinámicas de otras organizaciones, sobre todo desde los planteamientos que hacen las comunidades indígenas en torno a su proyecto de educación propia, la expansión y saneamiento de sus territorios, el manejo de la salud y el papel de la Administradora del Régimen Subsidiado Indígena de Salud.

Valdría la pena entonces analizar estos tres elementos y la manera como afectan la relación entre indígenas y campesinos.

La prestación de los servicios de salud.

Es innegable que a través de sus movilizaciones, aunque también gracias al ambiente favorable que existe hoy en el mundo frente a las minorías étnicas, los indígenas en Colombia han logrado el reconocimiento de algunos derechos especiales que los privilegian frente al resto de la población. Por ejemplo, dentro del sistema actual de salud han tenido la oportunidad de construir su propia ARS para de esta manera manejar los recursos que le son asignados en materia de salud por el régimen subsidiado. Esto no significa solamente acceso a recursos sino también una cierta autonomía en sus programas y políticas de salud, lo que les permite promocionar y consolidar la práctica de su medicina tradicional, que ha sido una de sus grandes luchas históricas frente a toda la sociedad occidental.

El problema es que en la constitución de las Administradoras de Régimen Subsidiado – ARS- según la ley es fundamental la noción de capitación por número de afiliados. De ahí, pues, que el incremento de los recursos con lo cual se viabilizan los programas de salud depende finalmente del número de afiliados con que cuenta la ARS, es decir, las ARS indígenas tienen que presentar un gran número de indígenas afiliados si en realidad quieren obtener recursos significativos para promocionar sus propios programas de salud.

Esto implica, por otro lado, que es necesario incrementar la población censada como población indígena; y esto, a su vez, implica ampliar el territorio indígena. En el corazón de la problemática está entonces el Territorio, aunque se note a primera vista como algo tangencial. El incremento del Censo poblacional tiene además repercusiones en la constitución de los poderes regionales, dado que no solo aumenta los recursos para los resguardos sino que marca el potencial electoral para aspirar no solo a algunas curules al Senado y a la Cámara sino a la constitución de los poderes regionales como el CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Alianza Social Indígena. Esto hace que en buena medida la lógica de la organización indígena empiece a cruzarse con la dinámica de la politiquería tradicional, y no siempre los líderes logran ser tan rectos para escapar a las perversiones que en esta hay implícita, asumiendo, los líderes, a veces acciones que chocan contra la dinámica del movimiento popular, con alianzas no siempre justificadas.

Es en este sentido que se ha impulsado muchas veces la afiliación de población campesina a los cabildos indígenas y luego a la ARS indígena. En algunos casos esta práctica ha estimulado una incomodidad creciente de parte y parte. Y es que ante la carencia de salud de buena calidad que tienen hoy los campesinos, muchos no dudan en vincularse al cabildo indígena pretendiendo resolver así la situación. Pero no están dispuestos a asumir las responsabilidades que implica la pertenencia a un cabildo indígena. Esto entonces termina deslegitimando la autoridad indígena y lesiona el movimiento. Y es que la vinculación al cabildo no se ha realizado como parte de un plan estratégico que responda a planteamientos políticos o socioculturales, sino que busca únicamente responder a una carencia material de ambos lados.

A esto debemos sumarle que un buen sector del campesinado organizado empieza a advertir esta práctica de vinculación indiscriminada de campesinos a los cabildos como una forma en que los indígenas compran conciencia con el único propósito de cumplir los requisitos para lograr una buena captación de recursos para sus programas de salud, pero afectando de paso la construcción de un proceso organizativo campesino. De igual manera, por ejemplo, frente al concurso docente promovido para el estado por aspirar a las vacantes, docentes de varias regiones buscaron el aval de un cabildo por lo que se inscribieron en él, pero solo para preservar su plaza y no necesariamente para aportar a la consolidación del movimiento indígena. Pero este asunto constituye más bien un elemento que merece análisis aparte.

Proyecto Educativo Propio

Sabemos que la educación es un elemento fundamental en las reivindicaciones de las comunidades indígenas, prácticamente está vertebrando todas las estrategias de su movimiento; el fortalecimiento de su autonomía, su desarrollo y afianzamiento cultural, la recuperación de su identidad, la consolidación de la unidad e incluso la propia pelea por el territorio y por sus usos están cruzados por la educación.

Es de anotar que en este punto el movimiento indígena ha logrado algunos triunfos, aunque siempre desde la presión y la movilización, por lo menos en el reconocimiento legal de sus derechos como etnia. Hoy por ejemplo es un hecho la ley 804 de etnoeducación.

Y en este sentido el CRIC ha aprovechado en su favor el actual contexto de privatización que vive la educación y ha querido convertirse también en un oferente de servicios educativos en los territorios indígenas. Es que la estrategia del movimiento indígena le apuesta al aprovechamiento de espacios institucionales que les permitan materializar sus objetivos colectivos. En el caso de la educación, esto le permite captar recursos del Estado y revertirlos en procesos educativos para las comunidades indígenas y además erigirse como conductor de estas políticas educativas para los territorios indígenas, arrebatando este derecho de las manos del estado e incluso de la iglesia católica que en muchas regiones todavía seguía fungiendo de conductor de la educación para estos pueblos. Ahora las comunidades indígenas del norte del Cauca, bajo la conducción del CRIC, no solo tienen la posibilidad de administrar sus centros educativos sino que pueden construir su propia propuesta educativa incluyendo toda la formación desde la primaria hasta los estudios universitarios.

Pero también ha creado algunas incomodidades dentro de las organizaciones campesinas. Y es que en el centro de la propuesta está la definición de territorio indígena, que de manera indirecta termina tocando también los intereses de otras comunidades, sobre todo en aquellas zonas donde no existen resguardos legalmente constituidos, pero que están en las aspiraciones de los indígenas y donde ya tienen constituido un cabildo, que es la autoridad indígena tradicional y se define como una unidad político- administrativa del resguardo. Este es, en cambio, la unidad político territorial, en donde el cabildo ejerce su jurisdicción.

Muchas veces, estas zonas donde los indígenas todavía no tienen constituido un resguardo, aunque sí un cabildo, están ocupadas por comunidades campesinas que han llegado allí por un proceso de colonización o han sido víctimas del desplazamiento en otras zonas rurales por las distintas violencias que ha tenido que enfrentar el campesinado en Colombia desde las propias guerras de independencia. Por lo tanto, la ofensiva económica y política de las comunidades indígenas por ampliar su territorio y su influencia política y organizativa teniendo en la punta de mira estas zonas de colonización campesina termina afectando también a los campesinos. En esta medida, el problema educativo es un ingrediente de tensión entre indígenas y campesinos en tanto los primeros para desarrollar su estrategia aspiran a consolidar su resguardo en territorios que no son plenamente indígenas. Además, muchas veces el campesinado advierte la contratación de docentes por parte del CRIC como una forma de ampliación del territorio y captación de población no indígena para su movimiento, lo cual afecta la identidad del campesinado.

Por otro lado, el proyecto educativo del CRIC tiene como elemento fundamental para su identidad la enseñanza del nasa yuwe. Esto debe ser imperante en los territorios indígenas. Pero cuando en estos territorios hay una buena porción de población campesina que se ve obligada a estudiar en las instituciones administradas por el CRIC, el asunto se complica, pues los campesinos, en sus lastres de discriminación cultural alimentados por siglos, advierten la obligación de aprender nasa como algo más bien ofensivo.

Y finalmente, se juzga el hecho de que el CRIC se convierta en oferente del servicio educativo, como algo que contribuye a la privatización de la educación.

La ampliación del Territorio.

La constitución de resguardos demanda como prerrequisito la conformación de un cabildo en un territorio que se reclame como ancestral. Luego de ello, la comunidad que se reclama indígena inicia el trámite ante el ministerio del interior, (dirección de etnias) para su reconocimiento, requiriendo de un estudio socio económico que ratifique muchos aspectos para ser reconocido como comunidad indígena, dando cuenta de la ancestralidad en la relación de los indígenas con el Territorio. En este aspecto, el Movimiento Indígena ha buscado mediante diversos mecanismos el acceso a “sus territorios”. Uno de ellos ha sido la toma de tierras, otro la compra con recursos propios o con recursos públicos, adquiridos mediante movilizaciones. Además, las comunidades indígenas han desarrollado una serie de batallas jurídicas ante tribunales nacionales e internacionales en la disputa por los que consideran sus territorios.

Pero en muchas ocasiones estos mecanismos han generado choques con otras comunidades campesinas o afrocolombianas, sobre todo en algunas compras de tierras. Esto sucede por ejemplo actualmente en el suroccidente del país, Cauca y Nariño específicamente. Allí encontramos una gran población constituida sobre todo de pequeños propietarios, cuyos predios, cuando más alcanzan, no exceden siquiera las cincuenta hectáreas. Pero en cambio las grandes haciendas se encuentran concentradas en un reducido número de propietarios. No obstante, muchas veces las comunidades indígenas han hecho manifiesta su intención de adquirir por medio de la compra predios ocupados por los campesinos, lo cual significa una ruptura abrupta del campesinado con su propio territorio, que también es esencial para su pervivencia.

Lo cierto es que el campesinado en casi todo el país ha sufrido continuos desplazamientos y despojo de sus tierras y esto ha significado un desarraigo del que constantemente se han intentado reponer empezando en otra parte. Por eso se hace necesario hoy entender que el territorio es tan importante para los mismos indígenas como para los campesinos y las comunidades negras que viven de la tierra y a lo largo de su historia han construido una relación especial con ella. También los campesinos han desarrollado grandes batallas por mantener y recuperar sus tierras y en este proceso han sido reprimidos de tal manera que en diversas ocasiones el movimiento campesino ha sido desvertebrado. Pero en este aspecto, que es primordial en su identidad, la historia es compartida con el movimiento indígena.

Si los campesinos hoy habitan y cultivan tierras que los indígenas consideran parte de su territorio no se debe al capricho de los campesinos mismos sino más bien a la dinámica de la guerra que han instaurado los terratenientes y que los lanza constantemente de un lugar a otro. Y en cada uno el campesino intenta afianzar de nuevo su relación íntima con el terruño que le brinda el sustento y el suelo cultural.

No obstante, hay que tener en cuenta que no es la práctica más común de los indígenas pretender comprar las tierras de los campesinos e invadirlas. Ello sucede de vez en cuando por la soberbia de algunos líderes. En términos generales, los indígenas han recurrido ante todo a la compra o invasión de grandes haciendas productivas que están en poder de los terratenientes, cuya concentración afecta por igual a los campesinos y a los indígenas. Pero, las pequeñas animadversiones que hayan podido crearse entre indígenas y campesinos han sido explotadas de manera muy inteligente por los terratenientes, apoyados por la clase dirigente del país.

Así ha logrado sembrarse la idea en algunos sectores de los campesinos e incluso de los afrodescendientes de que los indígenas son prácticamente los responsables de su problema de acceso a la tierra. Dicen que son terratenientes que han concentrado en su poder las mejores tierras, que incluso dejan muchas de estas sin cultivar. Estos argumentos fueron multiplicados y difundidos en un editorial del periódico El Tiempo que circuló en el país precisamente por los días en que los indígenas desarrollaban su campaña de toma de tierras. El editorial dejaba como argumento definitivo en contra de los campesinos el hecho de que los indígenas tienen muchos privilegios mientras los campesinos no. Esto último puede ser cierto en parte, pero se debe a los logros que el movimiento indígena ha logrado hecho consignar en la ley gracias a sus movilizaciones, en las cuales ha puesto también muchos muertos, además está también un ambiente internacional de favorabilidad hacia la conservación y potenciación de las “minorías” étnicas. Sin embargo, es de resaltar que ninguno de los privilegios que puedan gozar los indígenas frente a la ley va en detrimento de los derechos de los campesinos o que por lo menos no es ese el espíritu.

A propósito de la idea de que los indígenas son más bien terratenientes que no ponen a producir la tierra, aunque tienen en sus manos las mejores del país, vale la pena citar lo que respondía a este argumento la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en el comunicado que apareció en su página de internet el 18 de octubre del año pasado. “Los indígenas tenemos título (lo cual no significa posesión porque en la selva y en el resguardo U’wa hay tierras en manos de colonos que no han sido “saneadas”) sobre el 27 % (no el 30%) del territorio colombiano, pero, la mayoría del territorio indígena legalmente reconocido está en la selva amazónica (el 67%) en zonas de caza, recolección y horticultura itinerante donde no puede haber sino -como en el caso de los Nukakuna familia en mil hectáreas a riesgo de destruir la selva; en la selva del Pacífico (un millón de hectáreas de selva) y el desierto guajiro (un millón de hectáreas). No están entonces la mayoría de estas tierras en la zona andina: el Cauca, Nariño, Tolima, Córdoba o Caldas donde hay gran cantidad de indígenas viviendo en minifundios. Gran parte de los resguardos del Cauca y Nariño están en tierras no aptas para la agricultura ni la ganadería; incluso en nevados”.

La unidad es más necesaria que nunca

Lo que debiera estar claro es que tanto las comunidades indígenas como las comunidades campesinas requieren tierras para vivir y desarrollarse; sin territorio ninguna de las dos son nada. Pero estas tierras están concentradas no en manos de los indígenas- como quieren hacer creer algunos terratenientes cínicos- sino precisamente en los terratenientes tradicionales que cada vez concentran más tierra, y hoy, además, buena parte de las mejores tierras están en manos de los paramilitares que no la cultivan o le dan un uso intensivo en la producción de monocultivos.

Por tanto, la campaña de recuperación de tierras adelantada por los indígenas a finales del año pasado tendría que superar esas tensiones que de hecho existen pero no convierten a los dos grupos en enemigos antagónicos sino que los obliga a buscar nuevos caminos de encuentro. Lo que pone a la orden del día las recientes movilizaciones de los pueblos indígenas del norte del Cauca, más que las tensiones con los campesinos, es la renovación de la discusión sobre una verdadera reforma agraria a favor de las comunidades que viven de la tierra y que desde ella pueden agenciar un proceso de desarrollo agroalimentario para el país, que es la otra gran discusión que pone a la orden del día esta campaña, pero que la clase terrateniente empotrada en el poder quiere esquivar utilizando la artimaña de aprovechar las tensiones entre campesinos e indígenas que las organizaciones sociales no han sido capaces de resolver o que ni siquiera han logrado dimensionar.

No debe olvidares que ha sido precisamente la conciencia de la necesidad de una reforma agraria el pilar que mejor ha sustentado la unidad entre indígenas y campesinos. Fue al calor de esta reforma que se constituyó La Asociación Nacional de Usuarios Campesino -ANUC-, aunque dentro de los lineamientos institucionales que pronto se hizo necesario rebasar, y dentro de la ANUC el CRIC, como una ala más de la organización campesina. Y es que entonces se venía creando ya una relación campesino indígena muy fuerte, aunque también es porque entonces las actitudes discriminatorias no le permitían a los indígenas identificarse como tales sino que de antemano eran identificados como campesinos.

Por eso el CRIC nace dentro de la ANUC en 1971, y toda la dinámica y el proceso de recuperación de tierras que se da al calor de la reforma agraria y de la movilización campesina le permite al movimiento indígena recomponer muchos elementos de su historia, sobre todo en sus aspiraciones de libertad y posicionamiento territorial. Con esas recuperaciones de tierra empiezan también al mismo tiempo las recuperaciones de la memoria. Y empiezan otro tipo de recuperaciones, de las raíces culturales, de la lengua, etc. Y todo eso hace que el movimiento indígena se vaya fortaleciendo en el proceso.

Y sin embargo, este es un proceso en donde los indígenas empiezan a deslindarse desde el principio de los conceptos políticos que animaban el movimiento campesino frente a la tenencia de la tierra. Por ejemplo, los campesinos defendían que la tierra debería ser para quien la trabajara; los indígenas, en cambio, empiezan ya a plantear que deben recuperar la tierra porque es suya y entonces empiezan a sustentar legalmente que esas tierras son de ellos.

Desde los años 70 hasta hoy esos dos principios permanecen invariables. En la lucha por hacerlos cumplir el movimiento campesino ha sido diezmado muchas veces por los aparatos represores del Estado y el Paraestado, también el movimiento indígena ha sufrido los embates de la represión y ha sido víctima de varias masacres, desapariciones, encarcelamientos, etc; pero su unidad cultural y su capacidad organizativa que le viene de su propio ancestro le ha permitido resistir con más tesón y ser hoy en día quien le imprime de nuevo toda la dinámica a la lucha por la tierra.

En los años 70s la dinámica del movimiento campesino en su lucha por la tierra jalonó al movimiento indígena y le posibilitó fortalecerse. Hoy es la dinámica del movimiento indígena la que debe irrigar al movimiento campesino y darle un nuevo aire. Aunque los terratenientes pretendan hacerle creer a los campesinos que los intereses que animan la lucha indígena son antagónicos a los suyos y de esa forma intenten arrojar a los unos contra los otros como hacían los romanos con los leones y los hombres en el coliseos, la razón fundamental es que tanto campesinos como indígenas están convocados a luchar contra los terratenientes que los han expropiado de la tierra y con ella de todo, ambos por razones aparentemente distintas y en el fondo similares y complementarias: ambos luchan por la tierra porque es suya y también porque la necesitan.

Por tanto, una de las principales tareas de las organizaciones sociales, especialmente de las indígenas y campesinas, es resolver estas tensiones evitando que se extiendan a otras regiones del país donde dichas comunidades viven confrontaciones similares. Ante todo es indispensable esto para poder avanzar hacia la construcción de una unidad estratégica y sólida que logre darle dinámica de nuevo a la lucha por la tierra en una propuesta seria de reforma agraria integrando las iniciativas que han venido desarrollando, a veces por separado y a veces juntas, las organizaciones indígenas y campesinas, tales como las iniciativas jalonadas por la minga indígena y las del mandato agrario jalonadas por todas las comunidades campesinas, negras e indígenas que convergen en el Coordinador Nacional Agrario CNA. De no lograr resolver estas tensiones, aparentemente tan nimias frente a la tarea tan inmensa que convoca a campesinos e indígenas, será cada vez más difícil avanzar en la confrontación a las políticas neoliberales y a su contrarreforma agraria silenciosa y nefasta.

REALIZACIÓN:
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA

FOTOS:
ARCHIVO ÁREA DE COMUNICACIONES ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA