Tierra y Vida, Boletín # 6 Noviembre de 2007

Para muchos de los más de tres millones de desplazados en Colombia, la posibilidad de volver a su tierra es un deseo permanente que se relaciona con la identidad y el arraigo a la tierra misma. Un sueño de Retorno que se posterga para cuando las condiciones de seguridad les permitan reencontrarsen consigo mismo en la tierra de sus mayores. Evidentemente esto no se podrá lograr hasta tanto no se resuelvan las condiciones estructurales que ha generado el conflicto social y armado en nuestro país.

La respuesta Estatal frente al fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, inicio a mediados del año 1995, época para la cual ya era evidente la problemática antes descrita. La respuesta inicia con el documento conpes 2804 del 13 de septiembre de 1995, que estableció “el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, en ese mismo documento el Estado Colombiano reconoce que sus actuaciones para mitigar la crisis del desplazamiento interno eran “deficientes y dispersas”.

Posteriormente, el documento conpes fue sustituido por el decreto 2924 del 28 de mayo de 1997, sobre “El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, éste último expone que era necesario modificar la estructura interinstitucional existente, puesto que se habían demostrado falencias para responder al problema del desplazamiento interno en el país, cuyas dimensiones aumentaron de forma alarmante desde 1995, a causa del recrudecimiento de la violencia. Este nuevo documento, fija distintos lineamientos acerca del Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia y formula una recomendación; por medio de esta, el 18 de julio de 1997 se promulga la Ley 387 de 1997, “Por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

Dicha ley, establece en sus artículos 16 y 17 que el retorno voluntario es una de las posibilidades u opciones que tiene la población desplazada por la violencia en aras de lograr su estabilización socio-económica. Sin embargo, este retorno en la mayoría de los casos no es posible porque la realidad va más allá de la normatividad existente en nuestro país.

El retorno es entendido según la ley, como la posibilidad de regreso a la localidad de residencia o al lugar donde se realizaban las actividades económicas habituales, entendiendo este como el de domicilio en los términos del código civil, es decir, la residencia con el ánimo de permanecer en ella o el equivalente al entorno del municipio o vereda, en el cual se desarrollaban las actividades habituales y se tienden las redes sociales y familiares de una persona u hogar que se hubiese desplazado por las circunstancias descritas en el artículo primero de la Ley 387/97. De igual forma, el retorno debe permitir el acceso de la población desplazada a la oferta social del gobierno en particular a los programas relacionados con: proyectos productivos, reforma agraria, fomento de la micro empresa, capacitación y organización social, atención social en salud, educación, vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer , las personas de la tercer edad, planes de empleo urbano y rural desde la agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional.


El retorno en condiciones de dignidad y garantías deben hacerse dentro de unos parámetros o lineamientos que garanticen la vida, supervivencia y dignidad de las personas que retornan. Dichos parámetros o lineamientos tienen que ser cumplidos por las personas a retornar en concurso con el Estado; pero es el Estado el primer obstáculo que se encuentra al momento de llevarse a cabo tan anhelado sueño, ya que no existe una voluntad política y legislativa por parte del mismo para que las familias desplazadas realicen una efectiva defensa de la tierra y el territorio, a esto se suma los intereses económicos sobre las tierras abandonadas por los desplazados en los cuales se desarrollan y/o se pretenden desarrollar grandes mega-proyectos.

Pese a lo anterior, y como una salida a las condiciones de marginación y pobreza que viven las poblaciones desterradas asentadas en las grandes urbes, y siendo concientes que las condiciones del conflicto social y armado no han presentado ninguna variación favorable que conlleve e incite al retorno en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad; existen familias que retornan con el apoyo económico-mínimo del Estado, pero dicho apoyo, se realiza única y exclusivamente para que la población desplazada deje de engrosar las grandes cifras que sobre desplazamiento forzado existe en nuestro país; por tanto, estos “procesos de retorno” no pueden ser considerados como efectivos, ya que no son dignos y garantes de sus derechos.

Es evidente que con esta situación, el Estado no concibe el retorno como una salida de fondo a la problemática que viven miles de refugiados internos que hoy se concentran en las diferentes ciudades receptoras de población desplazada, en este sentido para el Estado el retorno es visto solo como una posibilidad de menguar un poco la presión social que ejercen los desplazados en la ciudad.

Para el país, el retorno de los miles de desplazados no es solo una cuestión de humanidad, la crisis alimentaria que ya se comienza a ver y que el Estado reiteradamente se ha negado a reconocer, es producto del abandono del campo y de la no producción de alimentos, ya que las tierras de los desplazados están siendo utilizadas en el desarrollo de grandes monocultivos que beneficia el actual modelo de desarrollo.

Para los campesinos desplazados es inaplazable la devolución de sus tierras y el arraigo nuevamente a su territorio, porque es allí donde se abre la posibilidad de construir un nuevo modelo de desarrollo que tenga en cuenta las necesidades de las personas y no solo los intereses del capital.

Con las comunidades desplazadas hemos coincidido en plantear que para un retorno efectivo, es necesario abordar la problemática desde su integralidad en los aspectos económicos, políticos y sociales.

En lo económico: consideramos que se debe garantizar alimentación por un año a todas las familias que decidan retornar, mientras los distintos proyectos empiecen a producir. Además se deben proveer las semillas y las herramientas suficientes para empezar a trabajar la tierra.
Se debe realizar una caracterización con los desplazados para determinar con claridad los bienes materiales que han tenido que dejar. Es decir, cuantas hectáreas de tierra, cuanto ganado, cuantas viviendas, etc. Además, debe quedar claro en manos de quien están actualmente dichos bienes y empezar un proceso de extinción de dominio. Este censo debe estar respaldado por las distintas organizaciones sociales que atienden comunidades desplazadas.
Los desplazados deben recuperar todos sus bienes materiales, incluido animales, casa y las tierras que dejaron al momento de ser desterrados. Esto significa, volver a sus parcelas con todas las garantías de recuperar lo que habían dejado, es decir, conforme al artículo 29 de los principios rectores de los desplazados internos.
Que el gobierno se comprometa a la titulación de las tierras que dejaron forzadamente los campesinos, indígenas y afros, de las cuales muchos de estos no tenían escrituras porque eran propiedades colectivas, herencias u ocupaciones de hecho.
Iniciar un verdadero proceso de reforma agraria integral donde se contemple la distribución y titulación de tierras para los campesinos, indígenas y afros que han visto vulnerado el derecho a la tierra y a la territorialidad. De igual forma, para lograr un desarrollo sostenible de estas tierras, se deben otorgar créditos blandos sin intereses, garantías para la producción y la distribución de los productos.
Finalmente, en las zonas de retorno no se puede obligar a los campesinos al cultivo de productos que no garanticen la alimentación de la población y que además atenten contra la soberanía alimentaria de la misma.

En lo político: consideramos que en el actual marco de aplicación y desarrollo de la ley de justicia y paz no puede haber impunidad frente a la verdad, justicia y reparación, por ello es fundamental que se ponga en consideración de distintos organismos internacionales los casos de crímenes de lesa humanidad, donde se ha visto involucrado el Paramilitarismo, miembros de la fuerza pública y algunos funcionarios de los distintos gobiernos; con el fin de que se haga justicia, se castigue a los responsables y se repare de una forma integral a las víctimas.
Se debe garantizar a la población que retorne o que sea reubicada, el derecho a la libre locomoción por todo el territorio nacional y garantizar el derecho de asociación a las distintas organizaciones políticas y comunitarias.

En lo social: La principal reivindicación de los desplazados en esta materia, debe ser exigir al gobierno nacional un trato digno e integral y no solo un trato represivo-militar a la histórica problemática de los desplazados internos del país. No se puede seguir respondiendo con más guerra a un problema que guarda en sus entrañas las más profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. Donde la falta de una reforma agraria, la distribución de las riquezas del país y la falta de un sistema político incluyente, son alicientes para un conflicto armado sin tregua y con remotas posibilidades de una paz con justicia social. En consecuencia, planteamos que lo social es un aspecto fundamental al momento de hablar de un retorno con dignidad y garantías.

Se deben tener proyectos sociales que cuenten con sus respectivos recursos en la planeación de los retornos, esto con el ánimo de que al momento del retorno se empiecen a construir escuelas, hospitales, centros recreativos y demás propuestas que contribuyan al desarrollo social.

En conclusión, una propuesta sustentada bajo los parámetros de los principios rectores del desplazamiento y demás derechos consagrados en la ley, podría considerarse efectiva cuando contemple condiciones como:

1 Voluntariedad.
2 Seguridad.
3 Dignidad.
4 Sostenibilidad.
5 Acompañamiento.
6 Reconstrucción del tejido social o integración al mismo.

A estas condiciones de retorno se suman los componentes y fases que deben cumplirse según la ley:

Componentes de un retorno:

- Seguridad
- Protección
- Vivienda
- Salud
- Servicios básicos
- Seguridad alimentaría
- Proyectos productivos
- Acompañamiento humanitario
- Organización social
- Gobernabilidad
- Educación, bienestar social y recreación
- Vías y comunicaciones

“Nosotros como campesinos necesitamos de la tierra para vivir, por eso la estamos luchando. La ciudad es muy dura para vivir”

El caso de Angelópolis, Vereda Promisión: UNA COMUNIDAD QUE SE RESISTE AL DESTIERRO.

Para el año 1995 cuando empezó con mayor fuerza la arremetida paramilitar en el suroeste y Oriente de Antioquia, se empezaron a ver los asesinatos de reconocidos líderes y liderezas de las organizaciones campesinas, generando con ello desplazamientos masivos hacia la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Toda esta oleada afectó fuertemente el acumulado organizativo de la A.C.A en las subregiones donde se tenía mayor presencia; uno de los casos más emblemáticos lo constituye el desplazamiento en 1997 de 38 familias de la vereda Promisión del municipio de Angelópolis.

El 6 de septiembre del 2007 ingresaron por primera vez, después de más de diez años de destierro, varias familias campesinas a la Vereda Promisión, en el municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño.

“cuando salimos desplazados esto quedo lleno de fríjol sembrado, maíz y café en todas las parcelas, ahora lo que encontramos fue rastrojo.”

Después de llevar tres meses en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín, la comunidad decide retornar con el acompañamiento de la A.C.A, la Defensoría del Pueblo y algunos organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja. A los dos meses de haber retornado fueron asesinados por grupos paramilitares cuatro campesinos miembros de la comunidad, situación que provocó de nuevo el desplazamiento hacia la ciudad de Medellín, y el municipio de Caldas. Es decir, es una comunidad que ha sufrido dos desplazamientos forzados.

Desde el segundo periodo del 2006, la ACA viene impulsando un proceso de retorno con 22 de las 38 familias desplazas de esta región que han manifestado la voluntad de retorno a sus tierras. Este proceso se ha llevado a cabo bajo los parámetros establecidos dentro del protocolo de retorno establecido por la ley 387/97 y reglamentado en el decreto 2569 del año 2000. Para ello se han realizado varios comités municipales de atención a la población desplazada, en los cuales se ha contado con la presencia del alcalde del municipio de Angelópolis, Acción Social, la personería municipal, el comandante de la estación de policía, el Incoder (instituto Colombiano de desarrollo rural), la procuraduría agraria, representantes de la población desplazada, entre otros; en estos comités hemos logrado que tanto el alcalde de Angelópolis, como los alcaldes de los municipios cercanos (Armenia, Heliconia) emitan los conceptos favorables de seguridad de las zonas aledañas a la vereda donde se desarrolla el proceso de retorno, esto como un requisito fundamental para un retorno en condiciones de seguridad.

“Me siento contenta y amañada al regresar aquí a la tierra; porqué uno en Medellín vive muy aburrido, uno vivir en Medellín es como vivir en un desastre y volver al campo otra vuelta uno se siente muy contento, a Medellín regresare a pasear”.

Hasta el momento los últimos conceptos de seguridad emitidos han sido favorables, porque plantean la tranquilidad en la zona y el compromiso de los alcaldes para velar por la seguridad de las familias desplazadas que deseen retornar. Además de lo anterior, se han asumido algunos compromisos por parte de instituciones públicas que tienen la responsabilidad de apoyar el proceso de retorno, dichas responsabilidades radican en la ayuda alimentaria por parte de Acción Social; la adecuación eléctrica de la finca por parte de la alcaldía de Angelópolis, la claridad de los títulos de propiedad por parte de INCODER, e Igualmente se están adelantando diligencias en lo que respecta al mejoramiento de vivienda rural y de esta forma iniciar un proceso de reconstrucción, y mejoramiento de viviendas.

“Nosotros desde pequeños nos criamos en el campo y la ciudad nos parece un infierno, en el campo vive uno muy bueno, sobre todo teniendo paz y sosiego y teniendo en donde trabajar. Porqué de que vive uno…. de las tierras, las tierras le dan la comida a uno, uno trabaja para poder sobrevivir con la familia”.

La difícil situación social, económica, política y cultural que viven las personas que pretenden retornar al municipio de Angelópolis, merece un tratamiento prioritario y específico, tratamiento que se debe hacer de una manera integral; el cual contempla un análisis estructural alrededor de una producción para la soberanía y seguridad alimentaría, fortalecimiento de las diferentes expresiones organizativas en pro de la defensa de sus derechos, por último, efectivos procesos de formación y capacitación para la exigibilidad de sus derechos y la incidencia en el diseño y adopción de políticas públicas de su interés.

“estamos contentos porqué tenemos trabajo, vamos encontrando más recursos pa conseguir la comida, en la ciudad no hacemos sino aguantar hambre, entonces volvemos por acá otra vez de nuevo a luchar, pues tenemos hasta fuerza pero necesitamos que alguien nos apoye también a salir adelante”.

Como ACA, estamos comprometidos en continuar acompañando este proceso de retorno que conlleve a la construcción colectiva y participativa de procesos, encaminadas a la recuperación y reconstrucción del tejido agrícola local, del tejido organizativo y comunitario; donde se reconozcan las potencialidades mínimas para el inicio de un trabajo a corto, mediano y largo plazo, perdurable en el tiempo y en el espacio.

“Salir adelante es la meta de todos, siento mucha alegría, me siento contento de volver a retomar esto como propiedad, es una belleza, lo que hemos ganado ha sido con esfuerzo y gracias también al apoyo que nos han brindado algunas instituciones”

“En el campo fue donde nosotros nacimos, nos criamos y moriremos de viejos. Además en el campo uno lo que piense hacer lo consigue, lo tiene y para tener animales y de todo que más que el campo y que nuestros abuelos nos criaron fue trabajando, nuestros abuelos que nos enseñaron a nosotros a trabajar la tierra a sembrar el fríjol, a trabajar la caña, la yuca a sembrar de todo y nosotros como campesinos que somos la ciudad no es para nosotros Como ACA, estamos comprometidos en continuar acompañando este proceso de retorno que conlleve a la construcción colectiva y participativa de procesos, encaminadas a la recuperación y reconstrucción del tejido agrícola local, del tejido organizativo y comunitario; donde se reconozcan las potencialidades mínimas para el inicio de un trabajo a corto, mediano y largo plazo, perdurable en el tiempo y en el espacio. “Salir adelante es la meta de todos, siento mucha alegría, me siento contento de volver a retomar esto como propiedad, es una belleza, lo que hemos ganado ha sido con esfuerzo y gracias también al apoyo que nos han brindado algunas instituciones” ninguna felicidad, ninguna dicha. La alegría es vivir en el campo y yo me alegro mucho y que si Dios me deja el resto de vida vivir lo vivo aquí en el campo y enseguida ya teniendo el pedacito de tierra que sea propietario o titulado a nosotros, más contenta vivo yo con todas mis hijas y todos mis nietos, yo no trabajo tanto para mi sino para mis nietos”.

Área de Investigación - Asociación Campesina de Antioquia
Fotografías y Diagramación: Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia / Área de Comunicaciones
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