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DESPLAZAMIENTO forzado y problemática agraria

Tierra, Territorio y Despojo

Boletín # 9 Noviembre de 2008

La globalización, ese apodo benigno para denominar al imperialismo, ha sido presentada desde un cuarto de siglo como la medicina milagrosa que solucionaría todos los problemas de la humanidad, entre ellos el hambre. Sin embargo, esa globalización la ha acrecentado generando una realidad profundamente injusta en términos alimenticios, donde al mismo tiempo, unos pocos consumen hasta el hartazgo (Como puede apreciarse en los “esbeltos cuerpos” de millones de estadounidenses, mofletudos y regordetes que no pueden ni andar de tanto ingerir comida basura), mientras que millones de seres humanos soportan la desnutrición o mueren de hambre, en todos los continentes.

Renán Vega Cantor.


Contexto general

Es difícil comprender en su conjunto la amalgama de problemas y violaciones a los Derechos Humanos que se vienen presentando en el sector rural y en el conjunto de los refugiados internos del País, mal llamados desplazados.

Ya es cotidiano escuchar hablar a líderes y lideresas, defensores de Derechos Humanos, intelectuales y hasta algunos miembros del congreso de la república, sobre el derecho a la tierra, a la reparación integral de las victimas del despojo, sobre el referendo por el derecho al agua, la crisis alimentaria en Colombia, lo nocivo del TLC para el campo Colombiano y la sociedad en su conjunto, el código de minas, la ley forestal, los agrocombustibles, el testaferrato en las tierras de los campesinos desplazados, el eminente riesgo de las comunidades indígenas y negras con la avanzada de las multinacionales en robo de sus recursos, sobre las políticas regresivas del gobierno en materia de Derechos Humanos, sobre el incumplimiento sistemático a las victimas de crímenes de estado por verdad, justicia y reparación integral, incumplimiento a los mandatos de la corte constitucional, entre otras coyunturas y situaciones adversas, que complejizan mas la lectura y la búsqueda de alternativa a esta gravísima situación.

Para entender las causas del desplazamiento forzado y la problemática agraria en Colombia, se hace necesario analizar las políticas macroeconómicas dictaminadas desde los principales organismos financieros y las multinacionales con mayor acumulación de capital en el mundo (El BM, el FMI, El BID, la OMC, entre otros), quienes influyen de manera determinante en las economías periféricas y en los sistemas políticos que se han configurado en los países subdesarrollados, para garantizar el fortalecimiento del modelo neoliberal y por ende, la acumulación acelerada del capital en pocas manos.

En éste sentido, la desagrarización del campo Colombiano, la destrucción de las economías locales a manos del capital transnacional y la burguesía criolla, el destierro de millones de campesinos por diferentes métodos, el paramilitarismo como política de Estado para garantizar la desocupación del campo Colombiano, la concentración de la tierras y nuevos patrones de producción, las políticas del gobierno en materia agraria, desplazamiento forzado y atención a las victimas de crímenes de Estado; configuran esa perversa estrategia que se viene minuciosamente cocinando desde las esferas del poder nacional y trasnacional.

Ya se advertía desde la política aperturista del Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, el descalabro que significaría para el sector agrícola colombiano y en general para la economía del país. Los términos desventajosos para la balanza comercial de alimentos de primera necesidad en la dieta de los colombianos, el encarecimiento acelerado de los mismos, la quiebra del pequeño agricultor, el nuevo uso y concentración de la tierra en Colombia, que dicho sea de paso, ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el quinto en el mundo donde hay mayor concentración de la superficie cultivable en unas cuantas familias (El 0.4% son dueños del 60% de la mejor tierra del país) y por ende, el hambre para los millones de excluidos por este sistema en Colombia.

No omitiremos dentro del contexto que envuelve la problemática agraria y el desplazamiento forzado asuntos tan relevantes como el trafico de tierras, la concentración de la misma, las leyes que lesionan los intereses de las comunidades indígenas, campesinas y afros y el acceso de las victimas del despojo al derecho a la tierra y a un retorno con dignidad y garantías, sí haremos énfasis en una problemática que viene afectando a los pueblos mas pobres del mundo, pero que en el futuro cercano tocará a toda la humanidad por efecto del fundamentalismo capitalista en su afán de acumulación a cualquier costo. Se trata del HAMBRE que vienen padeciendo desde hace mucho tiempo pueblos y continentes que ponen miles de muertos y desnutridos, como una cuota nefasta para que pueda darse la acumulación del capital. Ante el problema del hambre se han venido construyendo validas reivindicaciones como la seguridad y soberanía alimentaria, que trasciende lo meramente económico y ubica en la discusión el tema del coloniaje del nuevo siglo, la alimentación de los pueblos y el hambre como una estrategia de dominación de las potencias sobre los pueblos a través de lacayos gobiernos. Pero además, en la situación agraria y política de las economías periféricas, el tema de los agrocombustibles, utilizado como sofisma por las potencias capitalistas, excusándose en la idea de contribuir al histórico daño causado al medio ambiente, cuando lo que se esconde detrás de esta “ética iniciativa” es el hambre de la humanidad y la muerte lenta de los pobres de estos países.

Al respecto Fidel Castro plantea: “Creo que reducir y además reciclar todos los motores que consumen electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de toda la humanidad. La tragedia no consiste en reducir esos gastos de energía, sino en la idea de convertir los alimentos en combustible”.

Un ejemplo de ello en el tema alimentario según Action Aid (institución dedicada a estudiar los problemas de la pobreza en el mundo) hoy 30 empresas trasnacionales entre ellas Nestlé, Unilever, Wal-Mart, Cargill, Monsanto, Tesco, Bayer, controlan un tercio de los alimentos procesados del planeta, 5 de ellas controlan el 75% del comercio internacional de granos; 6 empresas controlan los ¾ de la producción y de la venta de agro tóxicos, y la multinacional Monsanto domina el 91% de la producción y venta de semillas.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación) en el planeta, 854 millones de personas sufren hambre y desnutrición, cada 4 segundos muere una persona de hambre en el mundo y el 75% de ellos viven en el campo y podrían garantizarse así mismos la alimentación y alimentar todos los habitantes del planeta.

El problema del hambre en el mundo y en especial en los países que son colonias de las potencias mundiales o aquellos que copian al pie de la letra las recetas neoliberales, entre ellos Colombia; tiene que ser una preocupación de toda la sociedad. Estamos hablando de las posibilidades de vida las presentes y futuras generaciones, en la dependencia total del suministro y consumo de alimentos para nuestra población - tanto urbana como rural - y de las posibilidades de construir naciones soberanas política, económica y culturalmente.

El hambre es el instinto más primitivo de los seres humanos, que hoy esta gravemente controlado por el voraz apetito de unas cuantas empresas transnacionales, debe ser motivo de alerta, de un S.O.S para los pueblos del mundo, para la conciencia colectiva, para toda la humanidad, pero sobre todo, para todos los millones de excluidos que hoy la padecen y los que muy pronto la empezaran a padecer.

En el libro de Juan Carlos Morales Gonzales “El hambre al servicio del neoliberalismo”, podemos encontrar datos y cifras del hambre en el mundo. De cómo la política neoliberal se vale del sufrimiento de millones de hambrientos para enriquecerse a través de sus empresas que monopolizan todo el mercado de alimentos, de semillas transgénicas y de tecnología. De esto hablaremos mas adelante. Solo quiero extractar de este importante texto un poema de Omar Cabezas que nos muestra con tal sensibilidad el sufrimiento de los millones de hambrientos. Las cifras son importantes para entender la magnitud de este flagelo mundial, pero el sufrimiento es eminentemente humano.

“(…) Una cosa es tener apetito y otra es tener hambre. El hambre es la necesidad más vital del hombre. No es la vivienda, el techo. No es la salud o la educación la primera necesidad, sino es saciar el hambre; es la comida, la alimentación; no es ni siquiera el sexo. El instinto más primitivo del hombre es comer. Yo te juro que cuando andábamos mareados del hambre, inflados a causa de la avitaminosis, me podían poner junto a Raquel Welch en sus mejores tiempos juntos a un trocito de carne podrida, y yo no me hubiera tirado sobre la carne fresca de la Raquel Welch, sino sobre el pedazo podrido de carne. El hambre es soledad material; es un malestar incomodo; el hambre es irritante y triste; el hambre es un sentimiento de impotencia no solo frente a la vida, sino frente a su propia materia corporal; el hambre da a veces sentimiento de incapacidad sobre tu propio físico. Nunca el hombre pierde más su racionalidad y su sentido que cuando esta con hambre, porque entonces lo que reacciona es su viva carne y su huesos, son sus células hambrientas reclamando, como reclama la planta y el sol a las raíces de los árboles de la tierra. Nunca se es mas animal, nunca se es mas vegetal que cuando se esta hambriento. Sos capaz de llorar, sos capas de gritar, de patalear, de enmudecer y de pelear, de golpear y de matar a un hombre, aturdido por ese montón de reptiles picándote el estomago, por los sonidos que te taladran el oído. Por eso mismo, nunca se esta mas humano que cuando se esta con hambre. Si bien sale a flote todo lo primitivo, también en algunos hombres es en ese momento cuando afloran los valores más supremos: La nobleza, el amor, la solidaridad humana. La negación del hombre por los demás es mayor cuando teniendo hambre se desprende de parte de lo suyo para dárselo a otro mas débil; nunca la comunión de los hombres fue mas alta que cuando están con hambre”.

Las transnacionales y el mercado de alimentos

En los últimos cinco años, la reserva mundial de cereales ha crecido en más de un doscientos por ciento. Esto debido a varios factores en los que se encuentran las largas sequías o largas lluvias, la especulación con el precio por parte de los países grandes y las empresas que monopolizan el mercado, hasta la idea perversa de producir alimentos para la industria de automóviles. Sin tener que recurrir a las cifras internacionales, nótese en los últimos años el disimulado incremento de precio en algunos productos básicos de la canasta de los colombianos: El maíz, la panela y el arroz, con el agravante del precio internacional del petróleo que repercutirá negativamente en el bolsillo y el estómago de los más pobres.

La fiebre del Etanol es una tendencia impuesta por el capitalismo a escala mundial. Hoy ya se ven los efectos de esta política en los países pobres. Esta situación tiende a agravarse en la medida en que entren con mayor rigor las políticas agrarias, que están siendo orientadas por los gobiernos de los países desarrollados, donde se pretende destinar las tierras que pudiesen alimentar a los pueblos del tercer mundo, por plantaciones que generen combustible para los carros de los países desarrollados. Para lucrarse del hambre mundial, se viene consolidando una macabra alianza entre unas pocas multinacionales que controlan la industria de los combustibles, de los alimentos y de las semillas. Por eso al principio de este boletín, advertíamos que si no entendemos la problemática desde lo estructural y como es generada por el modo de producción capitalista, nuestras reivindicaciones locales y nuestra lucha por la defensa de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se quedará corta para orientar acciones que apunten a develar el problema de fondo y buscar alternativas en este mismo sentido.

Actualmente, once de las doce mayores transnacionales del mundo se dedican a la fabricación de automóviles y de combustible para ellos, o a la producción de energía..

Cada año se producen cerca de 80 millones de autos, pero el consumo es un poco más de 60 millones. La industria automotriz es la causante principal del calentamiento global. Esta se ha encontrado en la obligatoriedad de incorporar una mezcla de etanol en la gasolina y en la transformación de los automóviles, una magnifica oportunidad para aumentar sus ganancias. En la industria automotriz, que es actualmente una industria del hambre, en tanto su interés es el etanol, convergen las transnacionales agroalimentarias.

Muchas de estas lideran la producción de cultivos transgénicos: Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer, BASF y otras dominan el mercado mundial de cereales. En el 2006, 10 compañías controlaban el 57% del mercado de semillas. Las tres principales son Monsanto, Syngenta y Dupont que controlan el 39% del mercado mundial.

Producción de Etanol en algunos países de América Latina.

Demos un repaso a las políticas económicas que vienen aplicando los países latinoamericanos en la producción del etanol: Mientras el hambre en América latina llega a 52 millones de personas los gobiernos dedican miles de millones de dólares a incentivar la industria de la producción de combustible, ponen al servicio de las multinacionales millones de hectáreas para los cultivos de palma de aceite, maíz y otros productos donde se pueda obtener “comida para los vehículos”. De esto da cuenta un Articulo de José Honorio Martínez denominado “Etanol ¿Para donde ir?” “En abril del 2007, el BID anunció inversiones por 3000 millones de dólares para proyectos de agrocombustibles en Brasil, el salvador, República Dominicana y Haití. Del 2004 al 2007, el capital invertido se ha incrementado en mas de ocho veces”.

Veamos ahora, a manera de resumen las tendencias de estas políticas en algunos países latinoamericanos: En Brasil, el 63% de la producción de caña de azúcar ya fue comprado por la multinacional Cargill para la producción de agrocombustible y el resto de la producción esta en disputa con otras multinacionales. En México Destilmex y otras necesitarán en los próximos años 600.000 toneladas de maíz por año, que rendirán 75 millones de galones destinados a la exportación a Estados Unidos, acrecentando la ya deteriorada alimentación de los mexicanos (por el TLC) e incrementando el precio de su principal producto en la dieta de los pobres de ese país, el maíz. En el Perú, Pure Biofuls corporation, anunció en el 2007 la creación de su primera planta en el puerto de callao en Lima, con capacidad de 52.000 galones por año. Esta compañía ya aseguro a largo plazo el arrendamiento de 60.000 hectáreas la cual llegaría a 100.000 en los meses siguientes. En Argentina fue reglamentada la ley 26.093 de Febrero del 2007 en la cual se crea el régimen de incentivos para los agrocombustibles. En Ecuador se planea expandir en 50.000 hectáreas la producción de azúcar y habilitar 100.000 de bosque natural para la plantación de aceite de palma. En Colombia, a partir de la ley 693 del 2001 se fijaron subsidios a los ingenios azucareros que controlan la producción de etanol. La ley 693 estipula que la gasolina Colombiana debe tener el 10% de etanol en el 2009 y el 25% en el 2025.

Desde nuestro punto de vista, la lucha que han emprendido algunas plataformas de Derechos Humanos en el tema de los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), no ha tenido una respuesta seria y contundente de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y muy tímidamente de la FAO, quien de acuerdo con Carlos Lage, planteó en su informe regional lo siguiente: “La proporción de la demanda de biocombustibles para transporte terrestre podría crecer desde el 1 actual, hasta el 3.8% en el 2030, sin afectar de manera considerable el recurso forestal ni la seguridad alimentaría mundial, utilizando tierras actualmente disponibles.” Lo planteado por la FAO es casi un espaldarazo a la posición de los gobiernos que vienen aplicando estas medidas, cuando insistentemente argumentan que la producción de alimentos para agrocombustible no pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de estos países, ni tendrá efectos negativos considerables en el medio ambiente. Valdría la pena preguntarle a la FAO ¿cuales cree que son la tierras disponibles en el caso Colombiano?, O a las Naciones Unidas acerca de su postura con respecto a las políticas económicas de las potencias mundiales, y las impuestas por los gobiernos de los países subdesarrollados a sus ciudadanos. Podrían pensar acaso que es del resorte de cada uno de los gobiernos optar de manera “autónoma” en la aplicación de las políticas económicas que busquen el desarrollo de su naciones. Pero cuando estas políticas ponen en alto riesgo la vida de millones de pobres en el mundo ¿No será acaso un tema que preocupe con preponderancia a las Naciones Unidas por tratarse explícitamente del derecho a la vida de muchos seres humanos?

Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual, ante el cual manifestamos nuestra preocupación por la timidez con la que se abordaron temas de gran importancia como: DESCA, desplazamiento forzado, reparación de las tierras para las víctimas del desplazamiento forzado. Así mismo es preocupante el silencio de las Naciones Unidas en leyes tan lesivas para la población campesina, negra e indígena como es la ley 1152 del 27 de julio del 2007, la ley de bosques, la ley de páramos y otras cuantas leyes, que no solo desconocen por completo los derechos de las minorías étnicas, sino que acrecentarán el hambre, el conflicto social y se facilita la impunidad total en las posibilidades de las víctimas en la garantía de la reparación integral.

Con esta tendencia en las políticas Agrarias de los países subdesarrollados, no es apocalíptico plantear que los hechos descritos en el reportaje de Alfredo Molano, donde algunas familias comían periódico mezclado con almidón, será posiblemente un hecho común en la vida cotidiana de miles de Colombianos para subsistir. Muchos se morirán sin saber de donde viene el problema de su hambruna y muchos añoraremos una gota de agua lluvia para calmar por un momento nuestra sed.

Situación del agro en Colombia y el desplazamiento forzado

Como premisa inicial, podríamos plantear que la planeación estratégica del territorio Colombiano más rico en biodiversidad y las tierras mas aptas para la implementación del negocio mundial del agrocombustible, la agroindustria y la explotación a gran escala de los recursos energéticos por parte de las multinacionales, es proporcional a la implementación de la maquinaria de muerte y despojo. Observemos que el desplazamiento forzado en Colombia, no ha sido un asunto espontáneo, ni una supuesta retaliación de unos gremios económicos que organizaron grupos privados de mercenarios para confrontar a la insurgencia. Detrás de esto se esconde una estrategia bien planificada en tiempo y espacio, de despojo de las mejores tierras y de la reconversión económica de vastas zonas del país.

En la situación del desplazamiento forzado y problemática agraria en Colombia, ubicaremos cuatro aspectos que nos parece relevante para su comprensión: Las políticas gubernamentales de atención a la población desplazada, que en los últimos años las han venido denominando “Políticas Publicas”, en este mismo sentido la jurisprudencia de la corte en esta materia se contrapone en buena medida al tratamiento de esta problemática y al enfoque en la atención que le ha venido dando el gobierno nacional; segundo, el cambio en la visión de las instituciones gubernamentales encargadas del desarrollo del agro en Colombia como el INCODER; tercero, las políticas agrarias del gobierno nacional y por último, los obstáculos que tienen las víctimas del desplazamiento forzado de recuperar sus tierras en este gobierno; todas éstas, íntimamente relacionadas.

Con lo argumentado en la introducción de este informe, ya podemos entender con mayor claridad los afanes y el cinismo del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, cuando plantea que las proyecciones del gobierno para la siembra extensiva de palma de aceite en la producción de agrocombustible, no afectará la seguridad alimentaria. Una gran mentira que ni el mismo se la cree. Basta con mirar la cifra de las importaciones de alimentos como la papa, la panela y los cereales, pues en los últimos años se han tenido que importar más de ochocientas mil toneladas de alimentos con tendencia a aumentar las cifras de estas importaciones para los próximos años.

Recordemos las proyecciones del Estado Colombiano en el negocio del etanol: Se comprometió en el marco de la ley 693 del 2001 en aumentar el 10% de etanol en la gasolina y el 25% en el 2025. Pues bien, lo que paso con lo de “Carimagua” es el fiel reflejo de los afanes que tiene el ministro para cumplir con estas proyecciones. (Carimagua es un Predio ubicado en Puerto Gaitán- Meta, que iba a ser destinado a los desplazados.)

Con engañosos argumentos, “el ministro de la palma” ha querido entregar indebidamente 17.000 hectáreas de tierras que ya habían sido destinadas en el 2004 por el programa de desplazados para los campesinos expulsados de sus tierras. Para tratar de confundir a la opinión publica nacional sobre este escándalo, el ministro ha venido sosteniendo que decidió dar prioridad a un grupo de empresarios porque las tierras de Carimagua son acidas y de escasa producción; que los desplazados no tienen experiencia en este tipo de manejos y que sería un error otorgar estas tierras a los desplazados para que la dejen llenar de malezas. Por tal motivo, propuso que Carimagua quedará en manos de empresarios que pudiesen invertir un capital de 1.250.000.000 para siembra de palma de aceite cuyos rendimientos, según el ministro se destinaran en el “apoyo” a los desplazados. El asunto de Carimagua va mas allá del escándalo, es la entrega indebida de estas tierras por el gobiernó nacional. Si escudriñamos en todo su entramado, entenderemos más claramente la forma soterrada en que desde las oficinas del ministerio de Agricultura, se viene haciendo toda una contrarreforma agraria, donde el contubernio- terratenientes-paramilitares y narcotraficantes- son los beneficiados en la subasta de tierras. Por ejemplo: En el 2006 el INCODER tituló a 13 personas cercanas al senador Habid Merheg, acusado de nexos con alias Macaco, 16.330 hectáreas en esta región. Éste mismo senador compró en esa misma región del meta una pequeña finca de 2.400 hectáreas. En este mismo periodo el Incoder ha entregado ha personajes de dudosa reputación 335 títulos que suman inmensas extensiones de tierras. El caso de Carimagua ha sido uno de los escándalos de mayor rimbombancia en los últimos meses, pero estos son una constante en el país. Solo basta nombrar el caso de las tierras colectivas de las comunidades negras de las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó sembradas de palma de aceite por Urapalma y otras empresas palmicheras, desconociendo el derecho de las comunidades, consagrados en la ley 70; las tierras estériles entregadas por el INCODER a unas familias de desplazados en el predio la colorada (Eje cafetero) y la negativa del gobierno nacional para reconocer las recomendaciones de la CIDH en la reparación colectiva e individual, que incluye el reconocimiento de 15.663 hectáreas de tierra del pueblo Nasa y el 78% de sus necesidades básicas como reparación integral por la masacre del Nilo en 1991, en la que el estado reconoció su responsabilidad.

Antes de lo de Carimagua, el Estado Colombiano ya venía preparando su estrategia jurídica de despojo y de legalización de las tierras que por décadas han sido arrebatadas a sangre y fuego por narcoparamilitarismo en asocio con el capital trasnacional (Caso del juzgamiento de la Chiquita Brans por el patrocinio al paramilitarismo en Urabá) a las comunidades campesinas, negras e indígenas. Se trata del proyecto de ley 30, “Desarrollo rural en Colombia” conocido hoy como la ley 1152 o Estatuto de desarrollo rural, la cual desde sus inicios ha recibido duras criticas de las comunidades rurales por considerarla una ley absolutamente retardataria para el desarrollo del sector agrario en Colombia, porque promueve la legalización de tierras ilegalmente adquiridas por los grupos antes mencionados, entre otros factores que expondremos mas adelante. Con respecto a esta ley, Héctor Mondragón nos dice lo siguiente: “No sorprende entonces que el proyecto de ley del ministro, la parte referida al desarrollo rural sea extremadamente pobre, a parte del titulo y de la frondosa enumeración de entidades y competencias. En realidad se limita a proclamar los principios de productividad, rentabilidad y competitividad, y el fomento a las Alianzas productivas (La llamadas alianzas estratégicas por los palmeros y asociaciones productivas por el Banco Mundial), para supeditar a campesinos, indígenas, afros y pequeños empresarios, a las transnacionales y terratenientes”.

Ahora si entendemos porque la reducción del INCODER y su nuevo rol en toda esta política agraria. La visión y la misión del Incoder se formularon de tal forma, que su papel principal, será el de facilitar los recursos y acompañamiento técnicos a los p r o y e c t o s agroindustriales, pues sus principios de competitividad, rentabilidad y productividad, no son mas que los postulados propios de la d o c t r i n a neoliberal.

Todas las entidades que medianamente sirvieron a los pequeños agricultores las han venido reduciendo y en cambio el gobierno ha impulsado la creación de las Unidades municipales de asistencia técnica UMATA, sin mayores resultados para el desarrollo de la producción del pequeño campesino, pues los municipios no cuentan con los suficientes recursos para sostenerlas; con el recorte de las trasferencias de la nación, muchas han tenido que ser liquidadas, dando paso a los centros provinciales de gestión empresarial. Es decir, una sola oficina para varios municipios, donde solo tienen posibilidades de financiación los grandes proyectos, no del pequeño campesino que quiere solucionar su problema de alimentación y el de su familia.

Con la ley Forestal, salen también fuertemente afectados las comunidades indígenas, pues dicha ley desconoce la autonomía de las comunidades en sus procesos organizativos, los proyectos de vida que han venido construyendo durante muchos años, su lucha por el territorio, sobre todo, se amenaza su soberanía y seguridad alimentaria. El comentario de la senadora indígena Orsinia Patricia Polanco deja clara la posición de los indígenas con respecto a los efectos y la perversidad de esta ley“El proyecto no menciona siquiera la soberanía alimentaria. Para nosotros es fundamental, es la base de la vida, de la autonomía, de la libertad. Un pueblo que no produce sus alimentos esta condenado a someterse a quien se los vende. Eso quieren las transnacionales. Someternos con la comida. Nos ofrecen comida supuestamente “mas barata” y cuando ya han arruinado la producción nacional nos suben los precios y nos exigen lo que sea para vendernos la comida al precio que quieran”.

Según Codhes, en el 2007 se presentaron en todo el territorio nacional 305.966 desplazamientos y 29.144 en el departamento de Antioquía, cifras aun muy altas para un país, que según la comisión nacional de reparación y reconciliación CNRR se encuentra en una fase de posconflicto. Pero además, dichas cifras le dan fuerza a la tesis que como Asociación Campesina de Antioquía y Coordinación Nacional de Desplazados hemos venido sosteniendo con respecto a las causas deldesplazamiento en Colombia. Mientras el gobierno ha querido por todos los medios dar un tratamiento humanitario, que incluso se refleja en la ley 387/97 de desplazados, nosotros consideremos que el desplazamiento forzado es una política de estado impuesto por la lógica de la acumulación capitalista a través de las multinacionales cuyo instrumento o estrategia de despojo es la violencia. Es decir, la violencia no es la causa del desplazamiento, lo que se oculta detrás de cada masacre, de cada territorio despojado por la fuerza estatal y para estatal, es la implementación de un modelo de desarrollo para el campo que se viene diseñando desde hace mucho por el capital nacional y transnacional.

Desde los años sesenta, ya se recomendaba desde la misión Curri el desalojo paulatino del campo, que no descartaba incluso la aplicación de la violencia. Sobre este aspecto, es muy clara la lectura que hicieron los jueces que participaron en eltribunal internacional de opinión sobre desplazamiento forzado convocado y organizado por la Coordinación Nacional de Desplazados CND“La continuidad de este modelo económico lleva el Gobierno actual a implementar la última fase de expropiación territorial y de reordenamiento poblacional que esta a la base de la verdadera contrarreforma agraria que hoy se cumple en el mundo entero. Los retornos no modifican el proceso y se implementan en aquellas zonas en donde el control paramilitar ya está consolidado, bajo el orden establecido por las empresas transnacionales y con la ayuda de una parte de la cooperación internacional. En el mejor de los casos, la respuesta estatal es de corte asistencial. En cuanto a los desplazamientos urbanos, los actores principales son los bancos, obedeciendo a la lógica del capital financiero”.

Por eso planteamos que es difícil que cese el desplazamiento en el país mientras ese apetito voraz del capital siga aplicando su modelo de saqueo, destrucción y muerte en las regiones y territorios ancestrales con grandes riquezas naturales.

Valdría la pena indagar en las familias desplazadas que van llegando lentamente a engrosar los cordones de miseria de las ciudades, sobre las causas de sus desplazamientos, seguramente nos encontraremos- +0200 cómo muchas de ellas vinieron huyendo del hambre, para encontrarse con la miseria en la selva de cemento. Es cierto, no solo desplaza la violencia, también el hambre y la falta de oportunidades para las familias campesinas pobres.

Para analizar la atención por parte del gobierno a la población desplazada en el marco de las normas y las llamadas políticas públicas, deberíamos partir de la siguiente reflexión. ¿La atención integral y efectiva de la población desplazada pasa por la voluntad política del estado y del gobierno, o por la sobre oferta de leyes y jurisprudencia? La sentencia T/025 puso de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte del estado Colombiano a los derechos de la población desplazada. Luego se han emitido una serie de autos (Auto 200, auto 206, 207,208 entre otros) de la corte constitucional tratando temas puntuales como el de la protección a los líderes y lideresas de la población desplazada, la temporalidad en la ayuda alimentaria, sobre la vivienda, etc. No Obstante, en la evaluación de los indicadores del gobierno para dar cumplimiento a lo exigido por la sentencia y los distintos autos, ha perdido completamente.

Las organizaciones de población desplazada no dudan de las buenas intenciones de la corte constitucional por reconocer el desplazamiento forzado como un crimen de estado y por velar por sus derechos; pero ponen en duda la efectividad de los mismos en un momento de subordinación del estado de derecho a las políticas de un régimen absolutamente presidencialista, donde el ejecutivo esta por encima de las demás ramas del poder publico.

Creemos que una de las problemáticas a destacar dentro de este informe sobre la situación por la que esta atravesando la población desplazada en el país, es precisamente la intención deliberada del gobierno por desconocer la condición de desplazado. El gobierno Colombiano ha tratado de maquillar las cifras del desplazamiento en distintos escenarios, sobre todo el internacional. Bajo distintos argumentos los funcionarios de la Acción Social han tratado de mermar las cifras del sistema integral de población desplazada SIPOD (Sistema de identificación de la población desplazada). Es común que se niegue la condición de desplazado por los siguientes argumentos del gobierno: Supuestamente por la mala Fe del declarante, por haber pasado un año del hecho que lo llevó a desplazarse (No se tiene en cuanta que el desplazamiento forzado es un crimen de lesa humanidad y no prescribe), por fumigaciones o porque el actor armado que lo desplazó fueron las estructuras paramilitares; que en el concepto de los funcionarios de la Acción Social, ya no existen. En este aspecto es muy clara la sentencia T/025 del 2004 “La condición de desplazamiento no se adquiere por un acto formal de inscripción sino por el hecho del desplazamiento.”

Para citar solo dos casos: en el informe de Derechos Humanos del oriente antioqueño se registraron hechos en los que la Acción Social, por valoración positiva, como la denominan, desconoció la inclusión a más de mil personas.

“Es importante resaltar que no todas las personas que presentaron declaración por desplazamiento forzado son aceptadas como tal por la Acción Social, toda vez que se requiere una valoración positiva de los hechos y la situación en que se presentaron los hechos para otorgarles esta condición. En este sentido, para el 2007 se presentaron 2855 personas presentaron declaración ante el ministerio publico por desplazamiento en el oriente antioqueño por expulsión, de ellos 2280 personas fueron reconocidas como víctimas, y de ellas, 1238 personas que presentaron solicitud por desplazamiento forzado por recepción 971 fueron reconocidas. Las personas no valoradas inicialmente puedan apelar a una segunda oportunidad por su condición de desplazados”.

En el año 2007, la Asociación campesina de Antioquía, en un periodo de ocho meses asesoró jurídicamente la instauración de 170 tutelas, de las cuales 120 invocaron el derecho al reconocimiento de la condición de desplazado y 50 por alimentos.

En el mismo informe de la mesa de derechos humanos y protección humanitaria del Oriente, la cifra de la acción social en el desplazamiento forzado en Antioquía habla de 14.599 personas, mientras Codhes habla de 29144. Nótese el subregistro de casi el 50%.

No en pocas ocasiones el gobierno nacional ha tratado de desconocer a los desplazados como víctimas. Recordemos la lucha que tuvo que dar el movimiento nacional de víctimas para que el gobierno, desde la comisión nacional de reparación y reconciliación reconociera dentro del universo de la condición de victima el desplazamiento. Sin embargo, las víctimas del desplazamiento forzado no han recibido un trato digno y diferencial dentro de los principios de verdad, justicia y reparación integral. Si lo miramos desde los presupuestos de distintos entes territoriales vamos a encontrar en muchos de ellos que se privilegian los victimarios y se desfavorece a las victimas del desplazamiento forzado. Medellín es una ciudad receptora de miles de desplazados (120.000 reconocidos por la acción social), aquí el gobierno destinó dentro de su plan de desarrollo 6 mil millones de pesos para las victimas, mientras que para los victimarios destinó 57 mil millones de pesos, lo que demuestra una ves mas, como han venido planteando a los desplazados, que “delinquir en este país, paga”. Las posibilidades de que las victimas del desplazamiento forzado obtengan una reparación digna son cada vez más remotas. Solo en el tema de tierras, el fondo de reparación cuenta con 5.568 hectáreas, que equivalen al 0.091% de las 6 millones de hectáreas que se reconocen como despojadas a la población rural por varios informes, entre ellos el de la contraloría general de la nación. Aunado a lo anterior, la extradición de los jefes paramilitares deja grandes vacíos en la verdad, la justicia y la reparación, sobre todo en el tema de las tierras. Ahora se entiende, porque el concejero de paz Luís Carlos Restrepo en entrevista con Yamid Amad en el 2003, respondió con relación a los beneficios que iban a recibir los jefes paramilitares por su desmovilización: “entre otros beneficios, tierras”.

RECOMENDACIONES

- Se debe posicionar en la agenda internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales el derecho de los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria, por tratarse de reivindicaciones fundamentales para atacar el hambre que viene padeciendo la humanidad. No se trata de trazar políticas asistenciales, sino de cuestionar el modelo económico que vienen aplicando las potencias mundiales para matar de hambre a los pueblos de los países más pobres del mundo.

- En consideración a la magnitud del desplazamiento forzado, se debe liderar por parte de las organizaciones de desplazados e instituciones públicas planes especiales de retorno con dimensiones regionales, que comprometan acciones estratégicas vinculadas al desarrollo territorial.

- En cuanto al retorno de familias desplazadas es preciso que los mandatarios locales, vía convenios con el INCODER, brinden una real atención a la titulación de los predios de los desplazados, pues con la aplicación del estatuto de desarrollo rural, es probable que sean adjudicados a testaferros del narcotráfico y el paramilitarismo, o personas que actúan de mala fe para quedarse con los predios de los desplazados que no han podido volver a pisar su tierra.

- Instar a la cooperación internacional para que apoye el desarrollo de catastros alternativos en algunas zonas del país, donde ha habido históricamente mas despojo de tierras, como una estrategia de las víctimas del desplazamiento forzado, para identificar la magnitud del despojo de tierras en Colombia y la recuperación de las mismas.

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