FCSPP, REENVIA
Javier Giraldo Moreno S.J.
Cinco falacias en proceso con paramilitares en Colombia
Lunes 7 de marzo de 2005
Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la luz.
1. Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACIÓN
>POLÍTICA, pero no lo es.
>
>Toda negociación política exige como requisito básico la existencia
>de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciables.
>
>Si se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que
>reclaman una negociación con un gobierno o con un Estado, se
>presupone que entre esos grupos y el gobierno o el Estado en
>cuestión se dan diferencias fundamentales sobre los principios o
>sobre las prácticas políticas. Si no existen esas diferencias carece
>de lógica un proceso de negociación.
>
>Quien haga un rastreo histórico sobre el pensamiento y las
>directrices para la acción de las fuerzas armadas o de seguridad del
>Estado colombiano y las de los paramilitares, no encontrará
>diferencia alguna importante. Se percibe un enemigo común; un mismo
>modelo social defendido; una misma doctrina que es la llamada de
>“seguridad nacional”; unas mismas prácticas represivas; una
>solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso
>legitimador del sistema vigente; unos mismos mecanismos de
>impunidad; una misma apología del accionar armado y de la
>participación de la población civil en el mismo; unos mismos
>parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de las
>ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación,
>combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras
>a que sirvan a una misma causa.
>
>Esto explica que una de las primeras medidas preparatorias de este
>proceso, que se ha presentado como de “negociación política”, fue la
>de modificar la Ley 418 de 1997 y suprimir en la nueva Ley (782 de
>2002) el requisito enunciado en muchos artículos de la anterior ley,
>según el cual, para entablar conversaciones y diálogos con alguna
>organización armada, el gobierno debía reconocerle previamente
>“carácter político” (Ej.: art. 8, a., b., parágrafo 1, parágrafo 2;
>art. 11; art. 50; art. 51; art. 65, etc.). Dicho CARÁCTER POLÍTICO,
>que se basa en la defensa de principios y prácticas relativos a la
>orientación del Estado de manera opuesta al régimen vigente y en
>aspectos que toquen los derechos civiles, políticos, económicos,
>sociales o culturales, individuales o colectivos, de quienes
>integran la nación, es lo que en último término define lo que es una
>insurgencia armada. Por ello es también revelador que el Gobierno
>del Presidente Uribe se empeñe en negar la existencia de un
>conflicto armado en Colombia, con el fin de no tener que considerar
>siquiera una solución política y negociada con el verdadero polo
>insurgente que defiende principios y prácticas políticas opuestas a
>las suyas. Prefiere moverse en un discurso donde las únicas fuerzas
>políticas con las cuales es dable negociar sean las que defienden su
>mismo modelo social y donde las que defienden otro modelo sean
>excluidas de toda posibilidad de diálogo o negociación.
>
> 2. Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACIÓN DE
>PAZ, pero no lo es.
>
>La base lógica de una negociación de paz es el reconocimiento de un
>conflicto que enfrenta a fuerzas opuestas que luchan cada una por la
>defensa de su causa. Por ello se dice que la paz se negocia
>solamente entre enemigos y jamás entre amigos.
>
>Lo afirmado anteriormente en relación con los principios y prácticas
>que ha defendido el paramilitarismo colombiano en sus más de 40 años
>de historia, es suficiente para concluir que no se da una oposición
>entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Esatado
>colombiano. Por lo tanto, carece de lógica hablar de “proceso de
>paz” entre gobierno y paramilitares, pues nunca ha habido guerra
>entre esas dos fuerzas.
>
>Si bien en los últimos meses se ha vuelto frecuente que los mass
>media registren enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado
>y grupos paramilitares, e incluso se den estadísticas de “bajas”
>(muertes, capturas y deserciones) en el paramilitarismo causadas por
>agentes del Estado, no se trata, sin embargo, de un enfrentamiento
>real y de principios entre esas dos fuerzas. En efecto, no se
>persigue a la dirigencia paramilitar; tampoco a los paramilitares
>que la población denuncia; en muchos casos los “dados de baja” no
>son paramilitares sino campesinos o pobladores cuyos cadáveres se
>hacen aparecer como de “paramilitares”; en muchos casos se ha
>comprobado que se dan acuerdos entre oficiales de las fuerzas
>armadas del Estado y comandantes paramilitares para “dar de baja” a
>paramilitares de bajo rango que se han vuelto insubordinados o
>problemáticos, haciéndolos aparecer como blancos de una persecución
>oficial.
>
> 3. Dichos diálogos son presentados como un PROCESO DE
>DESMOVILIZACIÓN, pero no lo es.
>
>Como efecto de las numerosas ceremonias de “desmovilización de
>paramilitares” que se han sucedido desde noviembre de 2003
>(iniciadas por la “desmovilización del Bloque Cacique Nutibara” en
>Medellín, en noviembre de 2003), no se han desintegrado las
>estructuras paramilitares, ni ha cesado el control de los
>territorios que antes tenían, ni la relación de obediencia a sus
>jefes, ni la apología de las “autodefensas”, ni el proselitismo
>paramilitar, ni las campañas de proyección política del
>paramilitarismo como anticipo de las campañas electorales.
>
>Hoy día el paramilitarismo representa un poderío económico creciente
>que impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes
>de dineros, muchos de ellos “mal habidos” en procesos de
>legalización, a la vez que proyecta y planifica el control de los
>próximos debates electorales con miras a eliminar toda competencia
>mediante las más diversas formas de intimidación.
>
>En los mismos documentos públicos con los cuales se inició el
>“diálogo” con el gobierno (noviembre de 2002) no se hablaba de
>desmovilización sino que se registraba la complacencia con el
>gobierno del Presidente Uribe al cual están dispuestos a devolverle
>el papel de Estado que han estado ejerciendo en muchas regiones, no
>para desaparecer como fuerza sino para integrarse a los proyectos
>del Estado y participar con él en el control de los territorios que
>han estado bajo su dominio.
>
>Quien se movilice por las zonas de conflicto que cubren casi todo el
>territorio nacional, puede comprobar que los retenes paramilitares
>no se han desmontado y que la relación con la fuerza pública
>continúa siendo tan evidente como antes.
>
> 4. Dichos diálogos son presentados como un proceso de DESMONTE
>DEL PARAMILITARISMO, pero no lo es.
>
>El paramilitarismo tiene un principio rector que consiste en
>desdibujar las fronteras entre lo civil y lo militar y crear una
>zona gris donde nunca esté claro dónde comienza la acción armada del
>Estado y dónde termina la acción desarmada de los civiles. Desde su
>primer origen el paramilitarismo ha buscado involucrar a la
>población civil en la guerra, ya como combatientes que incursionan
>en campos vedados por el Derecho a los agentes del Estado, ya como
>blanco de la acción bélica de un Estado que no persigue propiamente
>a insurgentes armados sino a disidentes políticos y a incómodos
>líderes sociales.
>
>En lugar de terminar con esa zona gris, el gobierno del Presidente
>Uribe la ha ampliado de manera exorbitante, creando nuevos campos de
>grandes proporciones en donde los civiles podrán involucrarse en la
>guerra, ya como informantes, ya como cooperantes, ya como soldados
>campesinos que rompen todos los cánones tradicionales de la
>imparcialidad e independencia que las tradiciones democráticas les
>fijaron a los hombres de armas del Estado, para involucrarse en la
>defensa emocional de sus familias y comunidades que han tomado
>partido dentro de la guerra. De otra parte, el cambio de estatuto
>legal de las cada vez más numerosas empresas privadas de seguridad,
>convertidas en apéndices de la fuerza pública (Decreto 3222/02), ha
>incrementado aún más la zona gris que elimina los perfiles de lo
>civil y lo militar para confundirlos en un conflicto envolvente en
>el cual solo un polo cívicomilitar monopoliza toda posible
>legitimidad y autoriza a demonizar a un adversario concebido también
>como cívico militar, desconociendo sus derechos y justificando toda
>forma de exterminio del mismo.
>
>Una observación rigurosa de este proceso con los paramilitares
>llevaría a denominarlo más bien como un proceso de legalización del
>paramilitarismo, toda vez que se han ido abriendo más y más espacios
>“legales” para que los civiles se involucren en la guerra
>fortaleciendo el polo bélico estatal.
>
> 5. Dichos diálogos son presentados como un proceso de
>SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD, pero no lo es.
>
>Tanto el Presidente Uribe como el Vicepresidente Santos, el Alto
>Comisionado para la Paz y otros altos funcionarios del Estado, han
>venido defendiendo públicamente la necesidad de sacrificar en gran
>parte las exigencias de justicia frente a los crímenes de los
>paramilitares, sacrificio que se justifica, según ellos, para poder
>obtener como contraprestación “la paz”. Esto implica un sofisma,
>como se vio antes, ya que el proceso no conduce a la paz, puesto que
>no se está negociando con enemigos sino con amigos.
>
>El sacrificio de la justicia que se demanda se ha ido concretando
>desde hace muchos meses en diversas propuestas que incluyen indultos
>y amnistías, rebajas de penas, eliminación de la pena de prisión o
>la posibilidad de convertir en prisión simbólica los mismos
>territorios de dominio paramilitar; el establecimiento de blandas
>sanciones políticas o contribuciones a modalidades de reparación
>como substitutivas de las penas contempladas en la ley. Todo esto ha
>suscitado un profundo debate ético y jurídico, a nivel nacional e
>internacional, toda vez que los crímenes que se propone substraer a
>la justicia son crímenes horrendos que tienen carácter de crímenes
>internacionales y han lesionado a la humanidad como tal. Además
>quebrarían uno de los principios rectores de la Constitución, como
>es el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, dando lugar a
>efectos tan repugnantes como el hecho de que un pobre que cometa
>atracos para sobrevivir tenga una pena mucho mayor que la de un
>paramilitar que ha participado en genocidios, desapariciones,
>ejecuciones, desplazamientos y torturas.
>
>Las experiencias de pretendida “desmovilización” de paramilitares
>que se han dado en este gobierno, evidencian otra de las trampas de
>la impunidad: mientras la Fiscalía promete investigar a cada
>desmovilizado y estudiar sus antecedentes, solo cruza sus nombres
>con los listados de sindicados o condenados registrados en la base
>de datos de la Dirección General de Fiscalías, sin tener en cuenta
>que una de las tácticas de los paramilitares, que corresponde al
>diseño del modelo desde sus inicios, consiste en no utilizar el
>nombre ni el documento de identidad propios, substituyéndolo por un
>“alias” que además se cambia con frecuencia. Esto explica que la
>inmensa mayoría de ellos aparezcan con su hoja de vida “limpia” en
>los archivos de la justicia, exceptuando a los comandantes
>ampliamente conocidos, para los cuales han operado otras formas de
>impunidad: se les ha permitido actuar por décadas a la vista de todo
>el mundo, amparados por la “ceguera voluntaria” de todos los poderes
>del Estado, cuidando de que la “justicia no los toque”. En lo que se
>refiere a la impunidad de los agentes del Estado que han hecho
>posibles o han inducido, impulsado o dirigido el accionar
>paramilitar, los mecanismos de impunidad han pasado por el no
>registro de las armas, uniformes o vituallas entregadas a los
>paramilitares así como de la información referida a esas relaciones.
>
>Por otra parte la Fiscalía se ha negado reiteradamente a investigar
>los crímenes de lesa humanidad teniendo en cuenta sus notas típicas
>y esenciales, entre las cuales está su carácter sistemático, el cual
>exige decretar la conexidad e investigar las estructuras e
>instituciones en las que se apoya dicha sistematicidad. Y mientras
>los crímenes “se investigan”, por parte de la Fiscalía, como delitos
>aislados e inconexos, para que no se puedan tipificar como crímenes
>de lesa humanidad, se les somete a mecanismos probatorios de
>antemano destinados al “archivo” o la “preclusión”, dado que se hace
>descansar la carga de la prueba sobre las víctimas y su entorno
>social, haciendo caso omiso de su situación de amordazadas por el
>terror, sometidas como están a un paramilitarismo protegido por el
>Estado que controla todos los espacios de su vida y que sanciona con
>pena de muerte o de destierro toda denuncia.
>
>Todas estas prácticas impiden que se pueda hablar de un proceso de
>superación de la impunidad de los crímenes de los paramilitares.
>
>El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa
>humanidad son imprescriptibles; que no son indultables ni
>amnistiables; que si sus autores no son juzgados en el país donde se
>encuentran debe aplicarse la jurisdicción universal en cualquier
>otro país, el cual tiene derecho a exigir su extradición para dicho
>procesamiento; que no admiten el eximente de obediencia debida ni el
>del carácter de alto funcionario de Estado de sus autores o
>cómplices.
>
>Enfrentar el problema de la impunidad de los crímenes de los
>paramilitares tiene unos REQUISITOS BÁSICOS. Si éstos no se dan,
>constituye un nuevo engaño prometer una superación de la impunidad.
>
>Esos REQUISITOS serían fundamentalmente los siguientes:
>
> a) Antes de cualquier discusión sobre instrumentos legales que
>sirvan para superar la impunidad, es necesario que la nación y la
>comunidad internacional PERCIBAN UNA POSICIÓN DE PRINCIPIOS (ÉTICA Y
>POLÍTICA) EN LOS AGENTES DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO QUE TENGA
>CREDIBILIDAD, EN LA CUAL SE EVIDENCIE SU DISTANCIA Y REPUDIO
>RESPECTO A LAS PRÁCTICAS CRIMINALES DE LOS PARAMILITARES. Los
>instrumentos legales son instrumentos al servicio de posiciones de
>principio y de convicciones. Desafortunadamente los últimos meses
>abundan en manifestaciones de simpatía para con los paramilitares
>por parte de altos funcionarios del Estado y en discursos que
>invitan a olvidar sus horrores y a considerarlos más bien como
>víctimas o como héroes que reclaman recompensas sociales. Todo esto
>se asocia a la consideración del paramilitarismo como poder
>económico, político y militar en ascenso vertiginoso, cuyo respaldo
>se anuncia como “necesario” en los próximos debates electorales.
>
> b) Un proceso de superación de la impunidad exige como
>condición “sine qua non” UN SISTEMA JUDICIAL FIABLE, QUE DEMUESTRE
>INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, ACATAMIENTO DE LA LEY Y MECANISMOS DE
>CONTROL. Desafortunadamente vamos en contravía de esto y contamos
>más bien con un aparato judicial cada día más corrupto y alejado de
>los principios universales de la administración de justicia.
>
> c) Un proceso de superación de la impunidad no puede iniciarse
>sin HABER DESAMORDAZADO PRIMERO LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS.
>Desafortunadamente cada día vamos más en contravía de esto, pues las
>víctimas tienen menos voz en la medida en que los paramilitares, al
>amparo de su legalización, ejercen hoy mayor control social en los
>territorios donde sembraron el terror.
>
> d) Un proceso de superación de la impunidad exige unos MEDIOS
>DE COMUNICACIÓN LIBRES, HONESTOS Y AL SERVICIO DE LA VERDAD.
>Desafortunadamente todo va en contravía de estos principios. La
>“autocensura” ha sido confesada por los mismos directores de medios
>en encuestas anónimas. La simple comparación cotidiana entre lo que
>se informa y lo que no se informa es escandalosa, así como la
>selección de fuentes y de versiones.
>
> e) Un proceso de superación de la impunidad necesita ENFOCAR
>LOS CRÍMENES DESDE LOS FACTORES QUE LOS HAN HECHO POSIBLES CON EL
>FIN DE GARANTIZAR LA NO REPETICIÓN DE LOS MISMOS. Desafortunadamente
>el sistema judicial colombiano se ha negado reiteradamente a
>investigar los crímenes de los agentes directos e indirectos del
>Estado en cuanto crímenes de lesa humanidad, violando los principios
>del Derecho Internacional Consuetudinario y los tratados
>internacionales que protegen la dignidad humana.
>
>Pasar por encima de requisitos tan elementales para superar la
>impunidad equivale a engañar nuevamente a la nación y al mundo.
>Cuando se promete construir piscinas y acueductos en un desierto sin
>fuente alguna de agua, cualquiera cae en la cuenta del engaño. Pero
>a veces los espejismos obnubilan las mentes y llevan a tomar las
>apariencias por realidades.
>
>Javier Giraldo, S. J. Bogotá, febrero de 2005