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La tierra y el desplazamiento forzado en el oriente antioqueño: Una realidad constante

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“Si las normas primarias sobre desplazamiento forzado, aun con todas sus falencias, tuviesen aplicabilidad en nuestra compleja e injusta realidad social Colombiana, muy seguramente no habría la necesidad de disuadir la lucha política del desplazamiento forzado con la sobre oferta jurídica en esta materia, que vuelve de dicha problemática un tema para expertos, que confunde cada ves mas a los depositarios de esta normatividad y que deja al desnudo la debilidad de la justicia frente a los intereses de los poderosos”.
 
La Geografía del conflicto armado Colombiano, no cubre de manera uniforme con la misma intensidad a todo el territorio, por el contrario, la intensidad de la confrontación armada es claramente diferenciada de acuerdo con las dinámicas políticas, económicas y sociales de las regiones, así como las ingerencias del régimen Político Estatal en las mismas.
 
Todas estas dinámicas diferenciadoras de la intensidad del conflicto generalmente confluyen con la proyección o existencia en la región de megaproyectos, bien sea de infraestructura o de producción; por lo que es necesario evidenciar las realidades y las contradicciones en el acontecer nacional en lo que respecta a la dinámica del conflicto que vivimos, reconociendo sus causas y la necesidad de la participación, la discusión y el debate de todos los sectores sociales, económicos, políticos y culturales, interesados en aportar en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado que se presenta en el país. 
 
La situación anteriormente expuesta es el reflejo de la crisis social y humanitaria que se vive tanto en lo regional como en lo local, con mayor intensidad en aquellos territorios que están ubicados en zonas estratégicas como es el caso del Oriente Antioqueño, donde, después de la pérdida de la vida, una de las mayores  violación de derechos humanos y del derecho Internacional humanitario la constituye el desplazamiento forzado. El departamento de Antioquia es de los Departamentos que históricamente sus municipios han expulsado la cifras mas altas de los desplazados del país; especialmente la región del Oriente Antioqueño,  donde no existe un censo confiable del total de desplazados, en la medida que sólo es posible conocer aquellos sitios en los cuales ocurre el desplazamiento de manera masiva, pues hay lugares en los cuales este se da a cuenta gotas y de manera muy discreta y que difícilmente son catalogados como tal por la entidades encargadas de ello.
Uno de los casos emblemáticos de esta situación de desplazamiento forzado, ocurrió en el Oriente Antioqueño, entre el 3 y el 9 de agosto de 2006 en los municipio de Argelia y Nariño, sub- región páramo, donde por presión de las FARC-EP se desplazaron  aproximadamente 2.250 campesinos; sumada a esta grave situación del desplazamiento forzado al que se vieron sometidos éstos campesinos, se presento el hecho de que las autoridades encargadas de la atención a la población desplazada “acción social” expresamente, no catalogó esa emergencia como una situación de desplazamiento forzado, sino como una manifestación de los campesinos en contra de las fumigaciones a los cultivos ilícitos de la región, desdibujando así una realidad palpable, que fuera expuesta por parte de los propios campesinos de la región ante la CRUZ ROJA INTERNACIONAL el 9 de agosto, decidiendo estos últimos, intervenir de manera inmediata en la atención a los desplazados.
Se debe tener en cuenta que los desplazamientos forzados de población se han constituido en una estrategia de guerra. Pero no sólo de lucha contrainsurgente, sino también vinculado a fuertes intereses económicos, particularmente ligados con la tierra, ya sea para la implementación de monocultivos o generación de zonas de construcción de importantes megaproyectos de desarrollo económico, ello se explica porque aún hay zonas en las cuales no existe insurgencia, sin embargo se presentan desplazamientos.
 
Los desplazamientos y la imposibilidad de retorno a la tierra de donde han sido expulsados no son casuales, sino que ellos obedecen a fuertes razones económicas y son muy coincidentes con las políticas de desarrollo que se vienen implementando, varios de los megaproyectos de desarrollo coinciden precisamente con las zonas de mayor desplazamiento de campesinos
 
Se observan abismales diferencias entre las cifras y consolidados sobre desplazados que manejan los entes oficiales encargados de su atención y organismos internacionales como la ACNUR de la ONU y las ONG de Derechos Humanos que le hacen seguimiento a dicho tema, solo basta mirar el último informe emitido por La ONU, que dice que el país tiene 3 millones de desplazados, un millón más de lo que registró hace un año y un millón por encima del dato del Gobierno[1].
 
Según el organismo internacional, 3 de los 13 millones de desarraigados internos a los que atendió el año pasado en todo el mundo son colombianos. Esta cifra, que equivale al 23 por ciento del total, elevó al país al indeseable primer lugar en número de desplazados atendidos por esa agencia de la ONU.
 
"Las dificultades asociadas con la exactitud de las estadísticas sobre desplazamiento en Colombia fueron puestas de relieve en una histórica sentencia de la Corte Constitucional, que señaló serias discrepancias entre la magnitud real de la situación y las cifras del sistema nacional de registro", dice el documento[2].
 
No obstante, la cifra publicada no es propia, aclaró el representante adjunto de Acnur en Colombia, Roberto Mignone: "La usamos para reflejar la discusión que se ha dado en el país sobre la magnitud del desplazamiento. Funcionarios del Gobierno han reconocido que, dado el subregistro, es posible que la cifra oficial de 2 millones sea inferior a la real, y han planteado una cercana a los 3 millones. Sobre todo, si se miran los 20 años que contemplan Codhes y la Iglesia, y no los últimos 10".[3]
 
Es claro que en la región del Oriente Antioqueño, la mayoría de las personas que abandonan la tierra son ocupantes, pequeños latifundistas de producción agropecuaria (exceptuando la sub región del altiplano) y existen grandes extensiones de tierra de propiedad de los desplazados que están abandonadas sin que puedan retornar a ellas y tampoco protegerlas;    para contextualizar, a manera de ejemplo, en el municipio de San Francisco Ubicado en la Zona bosques, se tiene información recopilada de 1735 predios ubicados en el Municipio, donde solo se tienen títulos de propiedad 212 de éstos, se enmarcan en la figura jurídica de poseedores 31 más, 1 es tenedor y 1865 son ocupantes[4] (varias personas ocupan un mismo predio), es decir, la titularidad de la tierra recae sobre el Estado y se debe adjudicar mediante el INCODER, instituto que tiene en trámite, tan solo, 266 titulaciones para el municipio, según se informó por parte de uno de sus funcionarios el 11 de Abril 2007 en un comité local de atención integral a la población desplazada “Claipd”.
 
 
El caso de las Veredas la Cristalina, San Rafael, Pocitos, La Floresta, El Venado Chumurro, El Arrebol, El Jardin De Aquitania, El Castillo Venecia, de este Municipio, la totalidad de predios documentados son catalogados como predios de “ocupantes”, lo que nos permite dimensionar el problema[5].
 
En estos momentos los campesinos desplazados reclaman del gobierno una suspensión en los plazos para la prescripción, ya que por su salida forzosa, en poco tiempo podrían quedar legalmente en manos de otros propietarios; la condonación o refinanciación  de deudas  ante el Banco Agrario, el sector solidario e impuestos prediales; financiación de los títulos que han sido expedidos por el incoder y la respuesta que se tiene desde el estado se ve enmarcada en la denominada “ley agraria” o "Estatuto de desarrollo rural en Colombia", aprobada el 13 de junio de 2007 en el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes; esto ha suscitado el pronunciamiento por parte de las organizaciones indígenas, campesinas, y afros, pues esta nueva ley no corresponde con las exigencias y necesidades de las comunidades rurales que han sido desplazadas forzadamente, ya que, entre otras, disminuye los términos de prescripción, estableciendo una nueva prescripción adquisitiva de dominio a cinco años de tenencia de la tierra; si tenemos en cuenta que la mayoría de los desplazamientos en la región, datan de hace más de cinco años, sus tierras se encontrarían en grave peligro de ser apropiadas por terceros aprovechando una situación abiertamente ilegal.
 
Según el informe de codhes[6], el sistema RUT, el 58% de las familias encuestadas a nivel nacional, tenía una relación con la tierra como elemento central en los sistemas de sustento familiares. Por ende su desplazamiento no sólo tiene implicaciones relacionadas con el despojo y pérdida de activos patrimoniales, sino que además están ligadas con profundas transformaciones en las formas de vida y supervivencia de significativos grupos y sectores sociales, comunidades campesinas, mestizas, indígenas y afrocolombianas.  En muchos casos, estas características culturales y demográficas dificultan aún más la adaptación de estos grupos a entornos urbanos a los que se llega sin bienes, sin medios de subsistencia y sin raíces.
 
Algo menos la mitad de las familias eran propietarias de tierras en su lugar de origen, bien sea a través de propiedad individual (37.1%), propiedad colectiva (4.9%), o colonización (2.1%). De la población restante el 19.1% no tenía tierra, el 7.9% correspondía a arrendatarios, el 8.2% era poseedora y el 20.8% no suministró información.[7]
 
El desplazamiento forzado afecta principalmente minifundios lo que sugiere procesos violentos de concentración de la tenencia de la tierra. En la mitad de los casos la superficie de la tierra abandonada era inferior a 10 hectáreas. Los predios de mediano tamaño, entre 10 y 50 hectáreas, corresponden al 33.7%. Por último, sólo el 16.6% corresponde a predios de entre 50 y 500 hectáreas.
 
Para una dimensión actual del desplazamiento forzado de personas en Colombia[8], basta mirar algunas cifras que hablan por si solas:
 
Según la ACNUR, (informe presentado EL 19 DE Junio 19 de 2007) Colombia ocupa el primer lugar con mayor desplazamiento de personas en el mundo.
 
Según el último informe presentado por la Conferencia Episcopal de Colombia y CODHES, a septiembre de 2006, se estima en 3 millones ochocientos mil, las personas desplazadas en nuestro territorio durante los últimos 20 años, igualmente en el mismo informe se manifiesta que el desplazamiento no ha cesado luego de la declaratoria formal del Gobierno sobre la terminación del paramilitarismo[9]
 
Según estadísticas de desplazamiento de la Red de Solidaridad Social y proyecciones del DANE (2005) en municipios como San Francisco (Antioquia); Colosó (Sucre) y Bojayá (Chocó) la tasa de desplazamiento indica que la totalidad de la población habría sido desplazada más de una vez durante los últimos diez años[10].
 
De acuerdo al informe del DANE en 2005, 12.669.647 personas vivían en el área rural, es decir el 27% de la población total del país. En proyección el 13.3% de la población rural ha sido desplazada del período 1995 a sept. 2005[11].
 
Sobre el despojo y la apropiación de tierras a la población desplazada, según la Vice contraloría  General de la Nación, el narcotráfico ha comprado cerca de un millón de hectáreas. Equivalentes al 2.8% del territorio nacional y al 5% de las mejores tierras del país[12].
 
Según informe de la Procuraduría General de la Nación,  han sido despojadas a la población desplazada, por distintos grupos armados, entre 2.6 y 6.8 millones de hectáreas[13].
 
Sobre la ubicación geográfica de las tierras abandonadas por Dpto, El 58% del área y del costo de la tierra se encuentra en 6 Dptos, Antioquia (15.6%), Caquetá (10.5%), Cesar (9.4%), Chocó (8%), Magdalena (7.7%) y Bolívar (7.4%). Área abandonada por Dpto. Cesar: 2.478 Km2, Magdalena: 2.036 Km2, Bolívar: 1.958 Km2, Antioquia: 4.100 Km2[14].  
 
Es evidente que la problemática de desplazamiento forzado esta directamente ligado al problema de tierras y al desarrollo de grandes megaproyectos en los territorios de donde han sido desplazados forzadamente la mayoría de los campesinos. Ante esta situación, la respuesta Estatal ha sido, entre otras,  la implementación del proyecto de protección de tierras y bienes patrimoniales de la población desplazada, que esta siendo aplicada en diferentes regiones del país, dentro de las que se encuentra el Oriente Antioqueño, cuyo consolidado se presenta en la siguiente gráfica:
Ojo anexar gráfica.
 
Como organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción y defensa de los DDHH de las comunidades, especialmente, aquellas que han sido directamente afectadas por el conflicto social y armado, llamamos la atención sobre esta realidad y continuamos comprometidos en:
 
  • Contribuir a la reconstrucción del tejido social de  la población campesina del Oriente Antioqueño,  que ha sido víctima del desplazamiento forzado,  a  través del impulso de la  campaña de retornos masivos con dignidad, seguridad y garantías que propenda por el restablecimiento de los proyectos de vida de estas familias y al desarrollo de la subregión y que viene siendo impulsado por las organizaciones sociales  y las comunidades campesinas.
 
  • Generar espacios de debate con las comunidades y las administraciones municipales para definir la financiación de los títulos que han sido expedidos por el INCODER y que la población no puede reclamar por falta de recursos económicos, esto seria en dos vías: Costos de titulación y costos de notariado y registro.
 
  • Plantear el tema de condonación o refinanciación  de deudas  ante el Banco Agrario, el sector solidario y la condonación de impuesto predial ante las oficinas de catastro municipal y departamental.
 
  • Convocar a las administraciones municipales y departamentales para que se comprometan en la dinamización de las comisiones de DDHH que hoy existen actualmente, donde se retome como punto fundamental de las discusiones la problemática de tierras y desplazamiento forzado.
 
  • Acompañar, los actuales procesos de retorno que están sido impulsados por las administraciones municipales de los diferentes municipios del Oriente Antioqueño como: San Francisco, Granada, Sal Luis, Cocorná y San Carlos. 
 
  • Impulsar la aplicación del “catastro alternativo” que viene dinamizando La Coordinación Nacional de desplazados CND, que tiene la finalidad de levantar  información a nivel nacional con  la mayor exactitud posible,  frente a los millones de hectárea que han sido abandonadas forzadamente y  precisar en manos de quienes están, que uso le están dando.  Además,  se constituirá un una herramienta efectiva para adelantar un proceso de investigación,  de recuperación de la memoria histórica de las comunidades afectas, que sirva como soporte a lo   jurídico y político para  el reconocimiento de la legitima propiedad de los millones de propietarios violentamente despojados de su única fuente de riqueza, medio de producción e identidad  cultural, como es la tierra.
 
 
 
ASOCIACION CAMPESINA DE ANTIOQUIA – ACA-.
 
 

[1] En, El Tiempo; 19 de Junio de 2007, diario de circulación en el territorio Colombiano
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Datos tomados de primer aval parcial en el informe de predios, resolución no. 045 del 23 de marzo de 2007. del El Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia del Municipio de San Francisco (Antioquia)
 
[5] Ibid..
[6] Informe codhes y pastoral social Conclusiones Problemática del Desplazamiento forzado en Colombia
Entre 1995 y 2005.
 
[7] Ibid
 
[8] EL DESPLAZADO FORZADO: VÍCTIMA HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y DEL DESPOJO DE TIERRAS EN COLOMBIA; Observatorio Verdad Justicia y Reparación. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA.
 
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

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