Últimas Noticias

PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE DESPLAZADOS FRENTE A LAS POLÍTICAS DE RETORNO PROPUESTAS POR EL GOBIERNO.

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
La problemática de desplazamiento en Colombia es un fenómeno que obedece a profundas causas históricas y estructurales de la formación social del país, cruzada por intereses políticos económicos y sociales que hacen de éste una constante en el tiempo y en el espacio, sin que medie por parte de los gobiernos un real interés por buscar soluciones de fondo a un flagelo que amenaza con destruir por completo la dignidad de todos los refugiados internos que deambulan por el territorio nacional sin mas riquezas que los pedazos de tela que los abriga, huyendo de una guerra que ellos no han declarado pero que los toca y los destruye a fuego lento.

En un primer momento, fue la violencia política auspiciada por los altos jerarcas de la iglesia, los gamonales y las altas esferas del poder político que legislaban favoreciendo sus intereses en detrimento de la inmensa mayoría; los que dieron origen a interminables guerras que dejaban a su paso miles de Colombianos que marchaban por todo el territorio nacional, dejando pueblos fantasmas y fundando otros, pero siempre con el estigma de refugiados internos que huyen de la guerra. De todo este proceso, se fundaron forzadamente barrios populosos y pueblos enteros que se refugiaban de la intolerancia política y de la muerte, dejando tras de sí todos los bienes y valores que los dignifican como seres humanos. “El año pasado cerca de 400.000 Colombianos tuvieron que huir de sus casas y parcelas por culpa de la violencia como ya lo habían hecho casi tres millones por la misma razón desde hace medio siglo. “Estos desplazados fueron el embrión de un país al garete casi tan populoso como Bogota y quizás mas grande que Medellín que deambulan sin rumbo dentro de su propio ámbito en busca de un lugar donde sobrevivir sin mas riqueza material que la ropa que llevan puesta. La paradoja es que fugitivos de si mismos siguen victimas de una violencia sustentada por dos de los negocios mas grandes de este mundo sin corazón: el narcotráfico y la venta ilegal de armas”. (Gabriel García Márquez, discurso pronunciado en el marco de los 200 años de la universidad de Antioquia)

Fueron muchas las estrategias que el estado diseño para desarraigar, desterrar y desplazar forzadamente a miles de campesinos. Una de ellas fue la creación de escuadrones de la muerte que actuaban bajo todo amparo constitucional en la hegemonía conservadora en los gobiernos de Laureano Gómez y Ospina Pérez , conocidos como los pájaros y chulabitas, quienes se desempeñaban como sicarios a sueldo, salvaguardando los interese de los grandes terratenientes.“como lo escribe un ensayista Italiano, Guido Pacolini, que se remonta, por ejemplo, a los tiempos de los pájaros, esos sicarios de las décadas de los cincuenta pagados por conservadores para no solo asesinar sino quedarse con enormes extensiones de tierras” (Reinaldo Spitaleta, periódico el Colombiano, julio 28 del 2003 ).

En un segundo momento del conflicto aparece con mucha fuerza el narcotráfico, se desarrolla aceleradamente el Paramilitarismo y aparece en escena los intereses del capital internacional que se materializa en los megaproyectos que impulsan las multinacionales. El narcotráfico modificó considerablemente la estructura agraria del país. Este fenómeno provoco el exilio, la exclusión y el robo de grandes extensiones de tierras y pequeñas parcelas de producción agrícola. Fueron muchas las tierras que grandes capos concentraron a sangre y fuego, por la intimidación la compra barata de tierras que se destinaron en la producción ganadera, fincas de veraneo y en grandes zonas de cultivos ilícitos. Además, conformaron ejércitos privados que exterminaron organizaciones sociales, asesinaron cientos de campesinos y provocaron el desplazamiento forzado poblacional de grandes extensiones de tierras que dejaron de producir alimentos y pasaron hacer un eslabón mas en la cadena productiva del narcotráfico, afectando de manera considerable los cultivos de pan coger que fueron en momentos de duras crisis la única subsistencia de miles de campesinos pobres.

Este no fue un proceso aislado, por el contrario, recorrió todo el territorio nacional en busca de la mejores tierras y las zonas mas propicias para el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la misma. Como olvidar los escuadrones de la muerte como: el MAS, COLSINGUER y otros cuantos grupos de mercenarios que operaron en el ámbito nacional patrocinados por los grandes capos en complicidad y patrocinio de muchos de los funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas.

Esos pequeños ejércitos privados que en un momento actuaron de manera independiente, de acuerdo a los intereses de los distintos capos del narcotráfico, terratenientes y grandes ganaderos, se fueron consolidando como verdaderas estructuras militares que tienen como característica el mando unificado, objetivo común y una estrategia de terror que poco a variado desde los años cincuenta, solo que hoy aparece con otros nombres y otras modalidades de guerra, pero la estrategia sigue siendo la misma(eliminar la oposición política y concentrar grandes riquezas a través de los diferentes métodos de terror). Para ilustrar mejor este aspecto citaremos un fragmento de Reinaldo Spitaleta, que nos refuerza el argumento sobre la mirada del Paramilitarismo como una política utilizada por distintos estados en diferentes momentos de la historia, como una estrategia que sustenta el modelo de desarrollo imperante. Es decir una estrategia de economía política. “Como también es fama, el Paramilitarismo no nació en Colombia con las A.U.C, sino que ha sido una antigua táctica de las elites nacionales para defender sus privilegios y , de cantera, eliminar a sus contradictores. O, por lo menos, ponerlos contra la pared, que el miedo-dicen- también hay que utilizarlo contra quienes osen levantar la voz. O el brazo. Y se ha valido el Paramilitarismo, de las estructuras estatales y del poder oficial, económico y político”(nota del colombiano).

En otrora, fueron los pájaros y los chulabitas los que los que desataron una persecución sin precedentes en la historia política del país, en contra de los liberales, a los que consideraban comunistas ateos, base social de las primeras guerrillas liberales y enemigos del orden y las buenas costumbres conservadoras. Fueron poblaciones enteras las que fueron bombardeadas y obligadas a deambular en su propio ámbito como refugiados de guerra. Hoy son los grupos paramilitares, vinculados estrechamente al narcotráfico, los que hacen la misma labor en un periodo mas complejo y avanzado del conflicto. Las estadísticas señalan que los paramilitares y los narcotraficantes hoy tiene concentradas las tierras mas ricas del país. Unas 11 mil familias controlan mas del 50% de la tierra cultivable en Colombia. Se aplica el mismo método de exterminio, o quizás un poco mas cruel contra la población inerme ha quienes consideran como la base social de los grupos guerrilleros o miembros de organizaciones políticas de oposición al Régimen establecido. Tal es el caso de la unión patriótica, el partido comunista, a luchar, ANUC y otras organizaciones políticas alternativas que se ven, no como una oportunidad de fortalecer los procesos democráticos, sino, como una amenaza a la misma. Ayer y hoy, el Paramilitarismo ha sido una política de estado que se ha venido utilizando para realizar acciones encubiertas donde no aparece la responsabilidad del estado en estos tipos de crímenes de lesa humanidad que desangra la utopía de nación.

El modelo de desarrollo neoliberal como motor de propulsión del neocolonialismo, del etnocidio, del deterioro ambiental y agrario en Colombia, de la pauperización de la inmensa mayoría de la población; a utilizado también los métodos de guerra sucia para desarrollar todas sus políticas de saqueo y viabilizar los grandes megaproyectos que han venido arrasando culturas milenarias, desterrando y desarraigando la población mas vulnerable del territorio Colombiano. Para poner solo un ejemplo, la población del chocó y del Urabá chocoano, vienen padeciendo los rigores de la guerra que desatan a raíz del control, que las multinacionales quieren ejercer sobre los recursos energéticos y naturales que poseen esas regiones y cuyo método de expulsión lo ejercen los grupos paramilitares que son auspiciados por el capital nacional y transnacional, actuando bajo el pretexto de combatir la insurgencia y su base social, donde la impunidad del estado y la connivencia con la fuerza publica les facilita la labor. Y que decir de Urabá, el oriente antioqueño y otras tantas regiones del país, cuyas riquezas naturales atraen el voraz apetito de las multinacionales que siembran con su presencia el horror, la muerte, la desolación, el desarraigo y la pobreza.

POSIBILIDADES DE UN RETORNO CON DIGNIDAD PARA LOS EXPROPIADOS Y REFUGIADOS INTERNOS.
Los refugiados internos y desplazados de Antioquia, nunca nos hemos opuesto a las posibilidades de un retorno, solo que nuestra consigna es, y será, la de un retorno digno y con garantías. Hay que aprovechar la ocasión para desmentir el argumento de algunos funcionarios del gobierno que han venido sosteniendo que los desplazados estamos acomodados en la ciudad, que ya no nos queremos ir de los asentamientos y que además nos estamos aprovechando de las bondades que otorga el gobierno para los desplazados. Nada de esto es cierto, nosotros hemos venido sosteniendo de que se deben buscar salidas de fondo que busquen la reparación de las victimas, la estabilidad social de la población que retorne, las garantías de seguridad por parte del estado, la recuperación de todos los bienes perdidos, entre otras reivindicaciones. En resumidas cuentas, es lo que nosotros entendemos como retorno digno y con garantías.

INCONSISTENCIAS DE LA POLÍTICA DE RETORNO PROPUESTA POR EL GOBIERNO.
Si observamos detenidamente las propuestas del gobierno para el retorno, nos daremos cuenta de que no están siendo responsables al momento de plantear un retorno en medio de un conflicto armado cuyas tendencias es la recrudecimiento de la guerra y a la expulsión sistemática de cientos de refugiados que diariamente huyen de sus lugares de origen. Como puede garantizar el estado un retorno con garantías, cuando ha sido cómplice y expulsor de población a la ancho y largo del territorio nacional en la historia política de este país. No estamos diciendo de plano que no le apostamos a una posibilidad de retorno, pero si vemos con mucho escepticismo e incertidumbre negociar una política de este carácter en medio de un conflicto de guerra interna como el que se vive hoy en Colombia.

Quedan muchas dudas y preguntas cuando se habla de la posibilidad de un retorno con las garantías que este debe ofrecer a las personas y comunidades que se acojan a dicho proceso. Por ejemplo, Como va ha garantizar el estado la seguridad a los refugiados que retornen a las zonas que son de estricto control de los grupos armados. Como se va a desarrollar el supuesto dialogo con los paramilitares y como afecta o beneficia este el proceso de retorno. Sobre este aspecto, no se tiene suficiente claridad, no se sabe que va a pasar con las tierras de los campesinos que hoy están en manos de los narcotraficantes y paramilitares. ¿Será que éstas harán parte de los beneficios que recibirán sus principales cabecillas?. Es posible que sí, según la declaración del alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo a Yamid Amad, cuando le preguntaba sobre los beneficios que iban a recibir los jefes paramilitares por su futura desmovilización, y el comisionado respondió, tierra.

Otras de las preguntas para hacernos frente a las políticas de retorno es ¿con quienes piensan retornar?, cuando son muchas las personas desplazadas las que ya no aparecen en el registro único de la red de solidaridad social y otras tantas las que no han sido registrada por diferentes argumentos esgrimidos por funcionarios de esta institución. Además, el presupuesto del gobierno para el retorno, no da cuenta de la magnitud de la problemática que viven los refugiados internos y del numero de familias que hoy los padecen. La propuesta del actual gobierno es retornar unas 30.000 familias en todo el territorio nacional, pero se les olvida que solo en el departamento de Antioquia hay unas 289.000 familias en calidad de refugiados, convirtiéndose éste en el segundo departamento mas receptor de población refugiada. De otro lado, no se esta reconociendo el desplazamiento intra urbano para los distintos casos de personas que huyen de la violencia política y social que se desata en los distintos sectores marginados de la ciudad de Medellín, donde los grupos paramilitares tienen absoluto control de la zona, sin que haya un pronunciamiento serio de los distintos organismo gubernamentales y de control. De esta forma , se esta desconociendo por completo el fallo de la corte constitucional donde se reconoce dicho derecho. (sentencia T-268/03)

Dentro de las políticas de retorno, debe quedar claro, cuales van hacer las medidas que va adoptar el gobierno para garantizar que las cientos de familias que han tenido que salir forzadamente de la comuna 13 y de otros sectores marginados de la ciudad, vuelvan a recuperar sus viviendas y todos los bienes materiales que hoy están en manos de los grupos paramilitares. Parece absurdo que en una ciudad, donde la fuerza publica dice tener el control absoluto, Pasen este tipo de cosas. O si entendemos por control el aniquilamiento de un actor armado y la connivencia y complicidad con el otro para que cometan todo este tipo de desmanes en contra de la población, como es el caso de la comuna 13.

ALGUNAS CIFRAS QUE NOS PUEDEN ILUSTRAR MEJOR EL OSCURO PANORAMA DEL PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO.
El país sigue huyendo y cada año que pasa sin resolver el conflicto armado, representa un incremento del desplazamiento forzado con relación al anterior. Esta diáspora permanente afecto en el 2002 a una población estimada en 412.553 personas, es decir, un promedio de 1.144 personas por día,20% mas que el año inmediatamente anterior. Son alrededor de 82.511 hogares que se vieron obligados abandonar territorios y espacios socioculturales, porque sus derechos fundamentales no fueron respetados ni protegidos. Así, año tras año el país a contemplado desde 1985 el éxodo de 2.900.000 Colombianos y Colombianas dentro de su propio territorio, sin que el estado haya evitado su destierro ni aclarado la verdad de los hechos, impartido justicia a los responsables y menos aun, reparado las victimas.

En el 2002, el 85% total de los municipios, es decir 955, expuso población, lo que constituye una ampliación de los lugares en los cuales ya es evidente la guerra y su degradación, de estos municipios expulsores, al menos 152 registraron una significativa disminución de población, mientras que 124 fueron sometidos a un crecimiento atípico como consecuencia de la llegada intempestiva de nuevos habitantes. En suma, 276 municipios, que constituye el 25% total del país, están inmersos en un proceso de reordenamiento social y demográfico forzado por las circunstancias de la guerra

PROPUESTA DE RETORNO
Tomando en cuenta algunas de las reivindicaciones del primer foro departamental y teniendo de presente el momento actual por el que atraviesa el país hacemos la siguiente propuesta de retorno en la cual esperamos recoger las aspiraciones y reivindicaciones de los miles de refugiados internos que deambulan por el departamento de Antioquia. Consideramos de que toda propuesta de retorno masivo o de reubicación, de debe estar sustentada bajo los parámetros que establecen los principios rectores del desplazamiento y los derechos consagrados en la ley 387/97 de desplazados. Además, se deben adoptar los mecanismos legales de protección a los derechos humanaos para que no se sigan violando estos derechos en los lugares de retorno. De igual forma, instamos a todas las organizaciones gubernamentales, a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional a que consideren nuestra propuesta como una salida de fondo a un fenómeno que rebasó los límites del horror.

LO ECONOMICO

• En lo económico, consideramos de que se debe garantizar alimentación por un año a todas las familias que decidan retornar, mientras los distintos proyectos empiecen a producir. Además se deben proveer las semillas y las herramientas suficientes para empezar a trabajar la tierra.
• Se debe realizar un censo nacional con los refugiados internos para determinar con claridad los bienes materiales que han tenido que dejar los refugiados. Es decir, cuantas hectáreas de tierra, cuanto ganado, cuantas viviendas, etc. Además, debe quedar claro en manos de quien están actualmente dichos bienes y empezar un proceso de extinción de dominio. Este censo debe estar respaldado por las distintas organizaciones sociales que atienden comunidades de refugiados.
• En caso de retorno, los desplazados deben recuperar todos sus bienes materiales, incluido animales, casa y las tierras que dejaron al momento de ser desterrados. Esto significa volver a sus parcelas, como reza el articulo 29 de los principios rectores de los desplazados internos “Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hallan regresado o se hallan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación s imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestaran asistencia para que las obtengan.”
• Que el gobierno se comprometa a la titulación de las tierras que dejaron forzadamente los campesinos de las cuales muchas no tenían escrituras porque fueron propiedades colectivas, herencias u ocupaciones de hecho.
• En caso de reubicación, se debe indemnizar a las familias que por diferentes motivos no pueden volver a recuperar sus tierras en sus lugares de origen. Dicha indemnización, se debe dar en especie o en dinero, por el valor real de la propiedad o propiedades que no se pudieron recuperar.
• Que se inicie un verdadero proceso de reforma agraria integral donde se contemple la distribución y titulación de tierras para los campesinos y la población que retorne. Se deben otorgar créditos blando sin intereses, garantías para la producción y la distribución de los productos, entre otros. Consideramos este punto de suma importancia, ya que este ha sido un problema histórico en nuestro conflicto social y armado que podríamos considerar como una de las raíces de la violencia política en Colombia.
• Teniendo en cuenta que el retorno es voluntario, y que hay muchas familias que no pueden retornar porque aun no existen las garantías suficientes para salvaguardar sus vidas, se le debe seguir garantizando la ayuda humanitaria a la población refugiada en los distintos asentamientos como bien lo recomienda los principios rectores del desplazamiento interno y lo exige la ley 387/97 de desplazados.
• En las zonas de retorno, no se puede obligar a los campesinos al cultivo de productos que no garanticen la alimentación de la población y que además atenten contra la soberanía alimentaria de la misma

LO POLITICO

• Consideramos, que dentro de la negociación con el Paramilitarismo no puede haber impunidad frente a la verdad, justicia y reparación de las victimas de los crímenes atroces perpetrados por estos grupos donde el estado tiene gran responsabilidad por acción u omisión frente ha estos hechos.
• Que se ponga en consideración de distintos organismos internacionales, los casos de crímenes de lesa humanidad, donde se ha visto involucrado el Paramilitarismo, miembros de la fuerza publica y algunos funcionarios de los distintos gobiernos, con el fin de que se haga justicia, se castigue a los responsables y se indemnice a las víctimas.
• Se debe garantizar a la población que retorne o que sea reubicada, el derecho a la libre locomoción por todo el territorio y se le garantice el derecho de asociación a las distintas organizaciones políticas y comunitarias.
• Mientras no hallan garantías plenas para un retorno con dignidad y garantías, no se puede seguir aplicando la política gubernamental que impide por todos los medios el refugio de los desplazados que ha diario llegan a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Como lo ha venido sosteniendo el alcalde de Medellín, cuando plantea un permanente monitoreo de la ciudad para impedir el asentamiento de mas refugiados, violando por completo la ley 387/97 de desplazados y los principios rectores de asistencia humanitaria y lo relativo a la protección durante el desplazamiento.
• Que se reconozca los asentamientos de desplazados como campamentos de refugiados internos, donde haya presencia permanente de organismos internacionales de derechos humanos.
• Rechazamos la estigmatización a las comunidades autónomas de cacarica por parte del gobierno y el señalamiento a las organizaciones defensoras de los derechos humanos como una estrategia de aniquilamiento a las organizaciones sociales en el marco de la seguridad democrática, desconociendo los procesos autónomos de las mismas que se respaldan en la normatividad internacional y en el acompañamiento de organismos internacionales y nacionales.
• Respaldamos la propuesta de crear una comisión internacional independiente que investigue los hechos de violación de los derechos humanos cometidos por la fuerza publica y la connivencia de la fuerza publica con los grupos paramilitares en los barrios y asentamientos de desplazados de la ciudad de Medellín.
• Crear una mesa con plena participación de desplazados, para discutir el tema de retorno y restablecimiento con base en los criterios que exponga la comunidad, las exigencias de indemnización completa, resarcir a las victimas de crímenes de lesa humanidad y juzgar a los responsables de los mismos(asesinatos selectivos, masacres, desapariciones y torturas)cometidos a la población desplazada.

LO SOCIAL
La principal reivindicación de los refugiados internos en materia de lo social debe ser precisamente exigir al gobierno nacional un trato social y no militar a la histórica problemática de los refugiados internos del país. No se puede seguir respondiendo con mas guerra a un fenómeno que guarda en sus entrañas las mas profundas desigualdades sociales económicas y políticas. Donde la falta de una reforma agraria, la distribución de las riquezas del país y la falta de un sistema político incluyente, son alicientes para un conflicto armado sin tregua y con remotas posibilidades de una paz con justicia social. En consecuencia, planteamos que lo social es un aspecto fundamental al momento de hablar de un retorno con dignidad y garantías. Porque nuestro conflicto, mas que armado, es social.

• En lo social, se deben garantizar a las comunidades que retornen la aplicación de los artículos que en materia social contempla la ley 387/97 de desplazados internos. Es decir, se debe garantizar la educación gratuita, la salud, la recreación y el disfrute del tiempo libre para toda la población como parte fundamental en las necesidades del ser humano.
• Se deben tener proyectos sociales que cuenten con sus respectivos recursos en la planeación de los retornos. Esto con el animo de que al momento del retorno, se empiecen a construir escuelas, hospitales, centros recreativos y demás propuestas que contribuyan al desarrollo social.
• Exigimos que se vinculen a los refugiados internos en los programas de salud subsidiados por el gobierno. Ya que el desmonte paulatino de este derecho a provocado una crisis humanitaria muy aguda en la población.
• Exigimos el respeto a las comunidades indígenas y negras, que se garantice el derecho a su libre organización social y política y que se les respete el derecho inalienable a permanecer en sus territorios.

Nuestra propuesta de retorno puede parecer ambiciosa y utópica para las actuales circunstancias de agudización del conflicto ,en medio de una seguridad democrática, que valga la redundancia, no es ninguna prenda de seguridad para el fortalecimiento de los procesos democráticos y la solución de las desigualdades sociales mas profundas como un paso fundamental en la reconciliación nacional. Sin embargo, no se pueden hacer propuestas tímidas a una problemática estructural bien aguda que de no resolverse de fondo en el menor tiempo posible acabará por completo todo asomo de esperanza de reconstruir una sociedad justa, libre y digna.

MOVIMIENTO SOCIAL DE DESPLAZADOS DE ANTIOQUIA (MOSDA)
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA (A.C.A)
ASOCIACIÓN DE AYUDA SOLIDARIA (ANDAS)

28 de Agosto de 2003.

Descargar el documento